Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos / Foto: EFE
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado austríaco Volker Türk, presentó su informe sobre Venezuela con relación al período entre el 1º de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. Se abordan derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, el Estado de Derecho y el espacio cívico del país. Esta es la primera parte de un extracto de esta radiografía, elaborada por un órgano externo.
- Los venezolanos siguen teniendo dificultades para adquirir los alimentos necesarios para una nutrición equilibrada.
- Persisten las dificultades para cumplir las condiciones mínimas para una educación de calidad, especialmente fuera de las zonas urbanas, incluido lo que respecta a infraestructuras (agua, electricidad, transporte), nutrición, condiciones de trabajo y disponibilidad de personal.
- Las universidades tienen problemas de financiación insuficiente. Algunas sólo recibieron entre 1% y 2% de su presupuesto anual.
- Los profesores y el personal no pueden sobrevivir con sus salarios. Deben buscar fuentes alternativas de ingresos y abandonan su profesión.
- Los hospitales de todo el país, según una organización de la sociedad civil, solo pueden cubrir los costes de entre 35% y 40% del material de emergencia y 60% de los medicamentos de urgencia.
- El acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) supera los 100 dólares (el salario mínimo es de 5$, agregado nuestro), lo que ha contribuido a que la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino haya aumentado 66,9% desde 2019.
- Sólo se permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna.
- Se documentaron 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, 9 de los cuales fueron detenidos. Otros 7, hostigados; se secuestró un familiar de un dirigente sindical y 4 más fueron amenazados, por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos.
- Se registró el asesinato por autores desconocidos de dos dirigentes campesinos, la presunta detención arbitraria de nueve pequeños agricultores, trabajadores rurales y dirigentes (cuatro mujeres), y el desplazamiento forzoso de cuatro familias debido a la violencia y las amenazas, incluidos mujeres y niños, todo ello por defender los derechos a la tierra o protestar por sus condiciones de vida.
- En 2022 se registraron al menos 86 derrames de petróleo, 77 más que en 2021, que destruyeron ecosistemas acuáticos y terrestres esenciales para garantizar un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
- La extracción de oro se ha vinculado a asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil, desapariciones forzadas por presuntos grupos armados y criminales no estatales, amenazas e intimidación contra personas indígenas y desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras por temor a la violencia y huyendo de condiciones de vida crítica.
- Los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas amenazan la supervivencia de las mujeres y los niños indígenas.
- Se recibieron denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados Zulia, Bolívar y Amazonas, donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales, incluyendo implicadas en el narcotráfico y la minería.
- Según fuentes oficiales, 1.899 personas fueron acusadas de feminicidios desde 2014. Venezuela no cuenta con un observatorio oficial de violencia de género. A lo largo de 2022, un observatorio creado de forma independiente informó de 240 feminicidios, lo que refleja niveles similares a los de 2021. Otro observatorio independiente documentó 282 casos de feminicidios en 2022.
Continuará (lamentablemente).
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