El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó hace unas semanas la ley SB 1718 que castiga duramente la migración irregular en el estado, y que está provocando que muchos indocumentados pierdan sus empleos.
La nueva legislación, entre otras cosas, requiere que las empresas de más de 25 empleados verifiquen el estatus legal de los nuevos empleados contratados o de lo contrario se enfrentan a multas de 1.000 dólares diarios.
La ley obliga a los hospitales a recopilar la información de los pacientes indocumentados y reportarla a las autoridades estatales regularmente, mientras que también quedan invalidadas las tarjetas de identificación de otros estados y solo se reconoce una licencia que haya sido emitida por el estado de Florida.
Asimismo, contempla penas de hasta 15 años de prisión por trasladar a indocumentados al estado pues el conductor podría ser acusado de un caso de tráfico humano.
Un migrante identificado como Rogelio Elías fue uno de los indocumentados que ha perdido recientemente su trabajo. El pasado viernes la compañía en la que se desempeñó en los últimos seis años le informó su despido porque no gozaba con un estatus migratorio válido.
“Me dijeron que era por los papeles, que el dueño de la compañía tenía miedo a perder su licencia si lo llegaban a descubrir que tenía gente ilegal trabajando”, explica en declaraciones a la Voz de América.
El gobernador de Florida defiende que esta medida tiene como objetivo luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios provocados, que de acuerdo con su argumento se debe a las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México.
La nueva ley migratoria de Florida ha provocado que muchas empresas no quieren correr el riesgo de ser sancionadas por el hecho de contratar indocumentados. Organizaciones promigrantes han confirmado a la VOA que muchas corporaciones están despidiendo a personal indocumentado por esta razón.
“Eso es terrible, la gente está muy preocupada e incluso están moviéndose del estado porque esta ley es cruel”, dijo Yanet Galvis, activista de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, organización que aboga por los derechos de los migrantes en Florida.
Algunos expertos han advertido de las consecuencias económicas que podría acarrear la ausencia de migrantes indocumentados en el estado, que trabajan principalmente en sectores como la agricultura y la construcción.
Un informe del Instituto de Políticas de Florida concluye que si el estado se queda sin migrantes indocumentados supondría un duro golpe a la economía, en tanto que se perderían más de 12.600 millones de dólares, equivalente al 1,1% de la economía del estado.
Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 migrantes sin documentos legales que viven en Florida, de acuerdo condatos del Instituto de Políticas Migratorias.
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