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Tras sus ataques al sistema electoral de Brasil en 2022, Bolsonaro fue declarado inelegible

Por EFE
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El duro discurso y los continuos abusos del expresidente Jair Bolsonaro contra el sistema electoral y la democracia en la campaña para los comicios de 2022 le han costado sus derechos políticos, suspendidos este viernes durante ocho años por la Justicia brasileña.

El líder de la ultraderecha ha sido declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que lo consideró culpable de una serie de abusos de poder cometidos en su doble papel de presidente en ejercicio y candidato a la reelección para unos comicios ganados por Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo resultado se negó a reconocer.

La suspensión de sus derechos políticos le impedirá concurrir a cargos electivos o puestos en la administración pública hasta octubre de 2030, cuando tendrá 75 años.

La decisión, adoptada por cinco votos frente a dos, aceptó una denuncia presentada por el Partido Democrático Laborista, que tuvo como base una polémica reunión convocada por Bolsonaro el 18 de julio del año pasado, poco más de tres meses antes de los comicios, con medio centenar de embajadores extranjeros.

Abuso de poder y sistemática campaña contra las elecciones

La reunión se celebró en la residencia oficial de la Presidencia y fue transmitida por la televisión pública por orden expresa del entonces mandatario, quien en un monólogo de casi una hora sembró dudas sobre el sistema electoral, el Poder Judicial y la propia democracia brasileña, según fue reflejado en la sentencia.

Ese hecho, según el TSE, configuró un abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo y también un uso indebido de predios y medios de comunicación públicos.

Sin embargo, también se consideró lo que el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, calificó como una sistemática campaña de desinformación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral.

No eran opiniones personales, como sostuvo la defensa, dijo De Moraes, sino mentiras permanentes y fraudulentas que señalaban a subvertir y pervertir el proceso electoral y con eso, a la propia democracia.

Algunos jueces fueron incluso más allá y dijeron que la conducta de Bolsonaro hasta pudo alentar el asalto a los tres poderes de la nación del pasado 8 de enero, cuando una horda de activistas de ultraderecha sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula.

Una condena a los métodos de la extrema derecha

Después que la sentencia se dictó, Lula participó en un acto sobre salud pública, pero no mencionó la decisión del TSE, a pesar de que habló ante cientos de personas que por momentos gritaban inelegible.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció que evaluará la posibilidad de exigirle a Bolsonaro, vía tribunales, una indemnización por sus ataques al sistema de justicia y el orden jurídico.

En el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, el fallo se consideró una condena a los métodos de la extrema derecha, la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral.

Bolsonaro estudia apelar tras una puñalada en la espalda

«Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política», afirmó Bolsonaro tras la sentencia y en alusión al atentado que sufrió en 2018.

Dijo también que no está muerto y que evaluará con sus abogados las posibilidades de apelar la decisión tanto ante el TSE como ante la Corte Suprema.

En las filas del bolsonarismo, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declaró su incredulidad. «Es la primera vez en la historia de la humanidad que un expresidente pierde sus derechos políticos por hablar», aseguró.

Por su parte, el senador Ciro Nogueira, quien figuró como ministro con Bolsonaro, anunció que presentará al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para políticos que resultaron procesados, condenados o declarados inelegibles en el marco de las elecciones de 2022.

Para entrar en vigor, primero debería aprobarse por las dos cámaras legislativas y, luego, resultar sancionado por Lula.

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