¿Es el Poder Judicial el antídoto contra la tiranía de las mayorías o un obstáculo para la democracia? En los últimos años en América Latina se ha asistido a un lento y a veces inadvertido proceso de control ilegítimo de las cortes supremas por parte de los presidentes, como sucedió en Venezuela, El Salvador y en Nicaragua, o reformas institucionales que facilitan la designación de jueces leales al presidente en turno como sucedió en Bolivia y en Ecuador. Lo más preocupante es que las estrategias para deslegitimar y someter al Poder Judicial se hacen en nombre de la democracia.
En México están sucediendo una serie de episodios en los cuales poco a poco se ha tratado de disminuir el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional y poder de control del Legislativo y el Ejecutivo. El argumento más socorrido para atacar al Poder Judicial es que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus partidos aliados fueron elegidos por una mayoría contundente, por lo cual no deberían existir obstáculos de ninguna clase para aplicar sus proyectos de gobierno independientemente de su constitucionalidad.
Los episodios de confrontación con el Poder Judicial han sobrepasado las arenas de la política institucional, han llegado a las calles y han generado virulentas reacciones en las redes sociales.
El Poder Judicial como poder contramayoritario en acción
La SCJN ha declarado inconstitucionales varias reformas legales impulsadas por López Obrador, Morena y sus partidos aliados, y es probable que lo haga con otras. En abril revocó el decreto que transfería la Guardia Nacional al Ejército, y en mayo, el que clasificaba las grandes obras del Gobierno como parte de la seguridad nacional por vulnerar el derecho de acceso a la información.
Frente a esta última, López Obrador emitió inmediatamente otro decreto con las mismas características como un desafío y desacato a la resolución de la SCJN. En mayo también intervino el conjunto de reformas, conocido como Plan B electoral, declarando inconstitucionales las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, y ha dejado en suspenso otras cuatro reformas a las leyes electorales vigentes y ha impedido su aplicación.
Todas fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados por la vía rápida, sin deliberación y violando los procedimientos parlamentarios. Dichas reformas limitaban las facultades de las autoridades electorales y reducían su estructura mediante el argumento de ahorrar recursos (y poniendo en riesgo la organización de las elecciones). Días después, el gobernador del estado de Veracruz y funcionarios de su gobierno movilizaron a cientos de personas frente al edificio de la SCJN que llevaban ataúdes con nombres de algunos ministros, incluyendo su actual presidenta, Norma Piña, como una amenaza velada de muerte.
Si bien estas resoluciones de la SCJN han estado en el centro de la atención pública en la primera mitad del 2023, otras reformas impulsadas por Morena también fueron declaradas inconstitucionales en el año 2022, como la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) o que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuviera la facultad de disponer de datos biométricos de los usuarios y darlo a conocer sin el consentimiento de los titulares, solo por mencionar.
Es probable que también se declare como inconstitucionales la votación de 18 leyes, a razón de una cada 15 minutos, que se hizo el 28 de abril de este año, por parte de senadores de Morena y sus aliados en una sede alterna, y excluyendo deliberadamente a la oposición. Ante las acciones de la SCJN, el partido de gobierno, en lugar de reponer los procedimientos de forma democrática, con deliberación y con apego a las normas, ha replicado las descalificaciones del presidente y ha propuesto iniciativas de ley para que los miembros de la SCJN sean electos de manera directa por la ciudadanía, con el objetivo de controlarla y neutralizarla.
Dentro de la misma SCJN se ha creado un bloque de tres ministros que casi siempre votan a favor de las iniciativas presidenciales y del partido en el poder con argumentos absurdos como asegurar que el Ejército es una institución civil porque “su jefe es el presidente de la república” o que una decisión del Congreso no puede ser revocada por el Poder Judicial, salvo violaciones graves a la Constitución porque este no es electo por la vía del voto directo de la ciudadanía. Cuando miembros del Poder Judicial se pliegan convenientemente a la política del gobierno, entonces deslegitiman la función del mismo órgano.
La fragilidad del republicanismo democrático
Pocas veces se cuestiona la función del Poder Judicial y se ponen en duda sus facultades y legitimidad. Por ello, es necesario entender que el Poder Judicial desempeña un papel político dentro del Estado y no solo es intérprete de la ley. A diferencia de los legisladores u otras figuras políticas que deben justificar frente a la ciudadanía sus acciones y sus propuestas para ser votados, los miembros de los Poderes Judiciales trabajan en la opacidad. No se accede a las instituciones de justicia, salvo procedimientos que, por lo general, la ciudadanía desconoce; mantienen un sistema de acceso a la carrera judicial sumamente discrecional y sus miembros gozan de privilegios salariales; su lenguaje es criptográfico e ininteligible; sus acciones son difíciles de observar porque carecen de la fuerza del poder político.
Si a estas consideraciones les sumamos que en América Latina en general, y en México en particular, una de las principales demandas sociales es la justa impartición de justicia, pronta y expedita, y que precisamente se carece de ello en grandes proporciones, se entiende por qué tiende a ser fácil deslegitimar a este poder con cualquier argumento por muy inverosímil que suene. Pero estas consideraciones sobre el desconocimiento de su funcionamiento o la corrupción que pueden existir en su interior no deben ser la bandera para deslegitimar su función, porque esta misma tara aplicaría a cualquier institución política.
Hace casi dos siglos, Alexis de Tocqueville señalaba que el problema de las democracias era que podían caer en la tiranía de las mayorías, una fuerza incontrolable que puede ir en contra de sus propios derechos. De allí, la necesidad del poder judicial independiente y autónomo que obtiene su legitimidad del prestigio de sus miembros y de sus decisiones fundadas en razonamientos apegados a principios, reglas y leyes.
Las democracias requieren que sus élites políticas y ciudadanía tengan comportamientos que reflejen su compromiso con la democracia. Ante los procesos de erosión democrática, las supremas cortes de justicia y sus facultades como el control constitucional de las leyes son un medio para evitar este deterioro, por lo cual, más allá de las personas, deben ser defendidas de los embates autoritarios.
Fernando Barrientos es politólogo y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.
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