Desde que empezó el proceso de expropiación de tierras y empresas privadas hace aproximadamente 20 años, los números demuestran cómo a pesar de los grandes recursos invertidos y los utilizados para cubrir sus pérdidas, durante el tiempo que han funcionado como empresas públicas solo se observa una constante disminución en los montos producidos en esas tierras y empresas afectadas, al compararlas con la época en que estaban en manos privadas. Se estima en 100.000 millones de dólares el monto utilizado para sostener sus inversiones y pérdidas desde que pasaron a manos públicas.
Son cientos las empresas afectadas y millones de hectáreas las tomadas, pertenecientes a más de 3-000 haciendas, hatos y fincas que fueron total o parcialmente ocupadas, las cuales producían alrededor de 70% de los alimentos que consumíamos; igualmente sucedió con la producción industrial y agroindustrial de las empresas expropiadas, las cuales cubrían el consumo nacional y algunas también exportaban.
Se dedicaron grandes recursos para aumentar la producción de alimentos a través de la misión Agro Venezuela en las tierras afectadas, no habiéndose logrado el aumento previsto sino una baja en la capacidad productiva de esas haciendas, hatos y fincas tomadas. Así lo demuestran las toneladas producidas de maíz, azúcar, café, leche, carne, arroz, pollos, cacao, etc., cuando se comparan con los registros de cuando eran privadas.
En la producción industrial se observan los mismos resultados con una menor capacidad de producción, destacándose entre otros: acero, aluminio, cemento, electricidad, etc.
Las pérdidas patrimoniales causadas a los privados que no les cancelaron sus propiedades tomadas se estiman en más de 150.000 millones de dólares. Las pertenecientes a empresas o propietarios extranjeros han utilizado a los tribunales de arbitrajes internacionales para reclamar el pago, estimándose que estos reclamos se acercan a los 50.000 millones de dólares. De los nacionales afectados muy pocos han recibido algún pago por sus empresas o tierras tomadas, un monto que se estima en más de 100.000 millones de dólares, lo que ha dejado a muchos de esos propietarios sin recursos.
Esto nos demuestra cómo la política de expropiación de empresas y tierras privadas solo generó caída en la producción nacional, pérdidas patrimoniales a los afectados y reclamos convertidos en deuda externa de las empresas extranjeras ocupadas sin pago. Seguir sosteniendo este conglomerado empresarial público es muy costoso para la nación venezolana. ¿Soluciones?
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