El Departamento de Estado norteamericano presentó un informe en el que advirtió sobre fallas en la judicialización que hace Colombia de casos de trata de personas.
EL TIEMPO consultó con María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide, organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y ha analizado la situación de trata de personas en el país.
—¿Qué han observado sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia en los últimos años?
—Como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela y la consecuente migración, esto exacerba los riesgos de que mujeres sean captadas por redes de trata; por eso, el Estado colombiano debe estar más atento porque estos contextos propician esta cuestión.
—¿Hay falencias en la atención a víctimas?
—Una de las principales falencias es la identificación de las víctimas. Por ejemplo, algunas veces cuando las mujeres, en especial aquellas en situación migratoria irregular, logran escapar de la red y se acercan a las entidades del Estado, ellas no llegan afirmando directamente que fueron víctimas de trata de personas porque pueden no saber que eso es un delito, o porque sienten vergüenza.
—¿Cómo se podría mejorar la identificación de las víctimas?
—Por eso es importante que las autoridades tengan la posibilidad de identificar a las víctimas no solo cuando hacen afirmaciones directas, la identificación debería partir también de los indicios y contextos; en ese sentido es importante observar el comportamiento de la persona, si tiene heridas físicas, cuál es la situación de su salud sexual y reproductiva, entre otras cosas; también debe tenerse en cuenta que hay regiones donde es más probable que ocurran casos, como las zonas fronterizas.
Además, es importante que el Estado entienda que tiene que asignar recursos para combatir, prevenir e investigar el tema, porque en muchas partes del país los comités locales de trata no tienen recursos económicos o humanos para abordar esto.
—¿La trata de personas solo ocurre cuando es trasnacional?
—Un mito grande sobre la trata es que solo se configura con el cruce de fronteras; esto también se da dentro del país. En distintos lugares hay muchas mujeres en situación de explotación sexual y personas que están en un trabajo forzoso sin remuneración.
—¿En Colombia fallan las medidas de protección y prevención?
—Son insuficientes. Consideramos que la política pública actual tiene deficiencias porque contempla que las víctimas identificadas son titulares de medidas de asistencia, pero los tiempos son muy cortos. Las medidas mediatas, que son por 5 días, extensibles otros 5, es decir 10 días, es muy poco tiempo para que una persona que salió de una situación de explotación pueda recuperarse. Y las medidas de asistencia mediatas, que son por 6 meses, extensibles otros 3, también son cortas porque por ejemplo es difícil que en 9 meses una mujer que tenga una situación migratoria irregular haya podido solucionar su estatus y adaptarse a su nueva vida. Sería más útil que la política pública fuera más flexible para que se evalúen las medidas en cada caso; porque tampoco es lo mismo cuando la víctima fue un hombre, una mujer, una niña, una migrante, una persona indígena, etcétera.
Marcha en Bogotá en contra de la trata de personas. (Foto de archivo) | Foto Cortesía A21
—¿Para que las víctimas reciban asistencia tienen que denunciar?
—La denuncia no es un requisito para que la persona pueda recibir medidas de asistencia, solo que cuando hay una denuncia se inicia un proceso penal, que avanza más lentamente. Pero sin importar lo que pase en el proceso penal o si hay denuncia o no, las personas deben recibir asistencia.
—¿Han observado fallas en la judicialización de estos casos?
—En procesos penales hemos visto que en general hay deficiencias en aplicaciones de enfoque de género, y cuando las víctimas son migrantes también media la xenofobia. Otro problema que hemos identificado es que como el delito de trata de personas es complejo, por falta de comprensión los operadores judiciales a veces prefieren aplicar otros delitos en lugar de los de trata; por ejemplo, prefieren seguir el proceso por inducción a la prostitución, lo que termina siendo perjudicial porque si la trata no se investiga y no se condena, no es posible llegar al fondo del fenómeno.
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