Odebrecht, el esquema de corrupción «mais grande do mundo» por el que pagan todos menos Lula

Difícilmente, viniendo de Brasil, podía pasar desapercibido en lo que al tamaño respecta. Así, por origen y por su mensura, el escándalo estaba predestinado a ser lo que es hoy: un esquema de corrupción de dimensiones inusitadas y que al estallar desparramó las esquirlas de ilícitos por buena parte de Iberoamérica y en varios países africanos.

«El caso Odebrecht» ―y sus derivaciones― fue pulverizando a gobiernos y cientos de reputaciones —en el mundo de la política y los negocios—, acabó con presidentes o expresidentes encarcelados, como fue el caso del propio Luiz Inácio Lula da Silva, luego liberado y reintegrado por vía electoral al Palacio del Planalto en enero último, tras una ajustadísima elección, aunque los alcances del derrumbe de semejante trama, aún hoy, sigue generando hechos y nuevas medidas judiciales en distintas capitales latinoamericanas.

Crimen y castigo

Corría el año 2014 cuando una denuncia por sobornos en Petrobras, la petrolera de mayoría estatal, se convertiría en la semilla que fue germinando a lo largo de la investigación que había arrancado Sergio Moro, por entonces, un ignoto juez de la sureña ciudad de Curitiba (capital de Paraná), que se bautizó como «Operación ‘Lava Jato’» (Lavado de carros, en castellano), que derivó en una aceitada maquinaria de corrupción implementada por la constructora Odebrecht, uno de los emblemas, junto a Camargo Correa, OAS y otras varias empresas del ramo con la que los sucesivos gobiernos brasileños —pero en especial el de Lula da Silva— impulsaban en la región «la marca Brasil».

Sobornos directos a políticos, aportes a campañas políticas y comisiones de todo tipo distribuidos tanto dentro de Brasil como en todos aquellos países donde Odebrecht tenía presencia a través de sus proyectos.

Para tales fines, la empresa disponía de un departamento en su organigrama. Se estima que desde esa oficina se pagaron, solo en Brasil, más de 349 millones de dólares en concepto de sobornos, entre el 2003 y el 2014, cuando todo salió a la luz pública y obligó, primero, a Paulo Alberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, a renunciar; a Marcelo Odebrecht, director general de la empresa, y a varios funcionarios de la firma a confesar sus delitos ante la justicia estadounidense y a la entonces presidenta, Dilma Rousseff (2011-2016), a abandonar el poder como consecuencia de un impeachment, ya que entre el 2003 y el 2005 y en su carácter de ministra de Energía, había tenido bajo su tutela a la petrolera.

Rápidamente, la investigación fue cobrando volumen y avanzando por toda América Latina, donde varios presidentes o expresidentes terminaron o destituidos, en prisión, o muertos por suicidio (como fue el caso del exmandatario peruano Alan García). Destinos similares siguieron varios funcionarios gubernamentales, exministros, empresarios y legisladores.

Las ramificaciones y las consecuencias todavía parecen tener un largo recorrido por delante. De hecho, hace unos días, un juez peruano ordenó la prohibición por 36 meses para salir del país de la excandidata Keiko Fujimori, investigada en una causa conexa con el Lava Jato. Y es que fue en Perú donde la Justicia parece haber hecho mejor su trabajo. Desde Alejandro Toledo (2001-2006) hasta Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), pasando por García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), todos terminaron procesados y en prisión por el escándalo.

Sin embargo, en Brasil, donde Marcelo Odebrecht cumple una pena de 19 años de prisión, luego de que en el 2016 su empresa fuera condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 3.500 millones de dólares, tras la confesión de sus directivos, los tres presidentes a los que se los involucró en la investigación quedaron fuera de la órbita de la justicia. Lula, tras pasar 580 días en la cárcel, recuperó su libertad en el 2019, mientras que la investigación contra Rousseff y su sucesor, Michel Temer (2016-2018), tomaron caminos diversos.

La lista de proyectos de Odebrecht, en su mayoría financiados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), estaban dirigidos a construcción de infraestructura, siempre en la esfera de la administración pública, en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Cuba, Guatemala y México; como así también en Mozambique y Angola. En todos esos países, sin excepción, se hallaron irregularidades y se detectaron pagos de comisiones ilegales por un monto cercano a los 788 millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones judiciales.

África

En África, las redes de Odebrecht alcanzaron a dos países lusófonos. Angola, donde Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, un exjefe de operaciones estructuradas de la empresa, le había confesado al Departamento de Justicia estadounidense que entre 2006 y 2013 había realizado pagos por más de 50 millones de dólares a funcionarios de ese país para asegurar diversos contratos de obra pública.

Algo similar a lo que habría ocurrido en Mozambique, donde entre 2001 y 2006, la Oficina Anticorrupción de ese país había señalado que funcionarios gubernamentales habrían recibido pagos por parte de la firma brasileña cercanos a los 900.000 dólares.

La «cometa» argentina

En Argentina, fueron más de 35 millones de dólares en coimas lo que detectó la justicia estadounidense para hacerse de tres proyectos puntuales, en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). El capítulo argentino de la investigación arrojó un dato singular dentro del que es, hasta hoy, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Iberoamérica. La dinámica ilegal de Odebrecht reparaba poco o nada en diferencias ideológicas o partidarias, como terminaría ocurriendo también en Perú, en Panamá o en Guatemala.

Tanto el exministro de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, mano derecha de los Kirchner, como Gustavo Arribas, quien fue responsable de los Servicios de Inteligencia en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), fueron acusados por la Justicia. En el caso de De Vido, debe enfrentar aún un juicio oral, donde se determinará si hubo o no responsabilidad delictiva dentro de aquel esquema.

Colombia

En Colombia, en cambio, fueron 11 millones de dólares los que la empresa dispensó para financiar las campañas del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la de su contrincante en aquellos comicios, Óscar Iván Zuluaga; de acuerdo con el testimonio de los funcionarios arrepentidos, quienes también involucraron a varios funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Pero de inmediato, allá por noviembre de 2018, la investigación tomó un cariz que para muchos logró el objetivo de obstaculizar su rumbo. Fue cuando Jorge Enrique Pizano, un ejecutivo de la firma de Inversiones Confircolombiana (socia local de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol), apareció sin vida en su departamento de la ciudad de Bogotá, semanas después de convertirse en el testigo clave ante la justicia. Tres días después de su fallecimiento, su hijo Alejandro apareció muerto en el mismo departamento por envenenamiento, según lo habían determinado los forenses. La justicia terminó por archivar la causa tan solo dos meses después.

Seis funcionarios del Poder Ejecutivo y el expresidente del Senado, Andrés Bautista, habían sido acusados de ser los beneficiarios de parte de los 92 millones de dólares con los que Odebrecht había aceitado la consecución de sus proyectos en República Dominicana, de acuerdo con el expediente de la justicia estadounidense. Finalmente, la justicia exoneró a Bautista y condenó al exministro de Obras Públicas Víctor Días Rúa a cinco años de cárcel y con otros ocho años a Ángel Rondón, exrepresentante de la firma en Santo Domingo.

Ecuador

Ecuador, en los tiempos de Rafael Correa (2013-2017), se anotó en la trama corrupta con 33,5 millones de dólares, de acuerdo con la confesión de los exdirectivos de Odebrecht. De hecho, el expresidente, sobre quien pesa una condena de prisión por otra causa de sobornos, tiene abierta una investigación judicial, junto a otros 20 funcionarios, aunque no se presentó ante la justicia, ya que se encuentra en un autoexilio en Bélgica. Quien, por su parte, cumple una condena de 6 años en la cárcel por sus nexos con la empresa brasileña es su exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017)

Guatemala

En cambio, en Guatemala, la justicia acaba de abrir, hace una semana, una investigación a 12 personas vinculadas al excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, quien, luego de purgar una condena en Estados Unidos por lavado de dinero, regresó en marzo último a Guatemala con la intención de presentarse a una diputación, pero volvió a caer en el radar de la justicia, ya que presuntamente habría recibido 1,3 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña cuando ocupaba la presidencia de la Comisión de Finanzas del Congreso en 2007.

En ese país centroamericano fueron 18 millones de dólares, los desembolsados por Odebrecht y en el ojo del huracán judicial habían quedado, entre otros, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y su primo Juan Arturo Jegerlehner Morales, quienes terminaron, el primero, en la cárcel y, el otro, con tres años de prisión en suspenso.

El capítulo mexicano

Por su parte, el capítulo mexicano de las andanzas de Odebrecht, anota al exdirector de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, entre los procesados, luego de que fuera extraditado desde España en el 2020. Amén de los 10,5 millones de dólares que los directivos de la firma brasileña confesaron haber pagado, otras pesquisas locales aseguraron que en los contratos entre ambas firmas se registraron irregularidades por 135 millones de dólares.

El escándalo afectó a más de una decena de funcionarios e incluso la defensa de Lozoya llegó a reclamarle a la justicia la citación al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), algo que todavía parece lejos de concretarse.

Panamá en la ruta de Lula

Ni el istmo panameño se salvó de la ofensiva corrupta de Odebrecht por aquellos años. La confesión masiva de los exdirectivos determinó que en los alrededores del Canal se distribuyeron más de 59 millones de dólares en sobornos, entre los años 2010 y 2014. Una cifra que para la Fiscalía Anticorrupción habría ascendido a los 100 millones de la moneda estadounidense, depositados en distintas cuentas bancarias, en Antigua y Barbuda, Suiza y Andorra.

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), dos de sus hijos y varios familiares cercanos se beneficiaron de aquellas mordidas, de acuerdo con la confesión de André Rabello, por entonces director de Operaciones de la empresa brasileña en Panamá.

Martinelli, sobre quien pesan diversas acusaciones y varias causas abiertas por corrupción y escuchas ilegales, había sido acusado de liderar una organización familiar para desviar parte de los pagos de Odebrecht. Casi inspirado por el destino de su excolega Lula, en Brasil, volverá a ser candidato a presidente en las próximas elecciones del 2024, luego de que el pasado domingo se consagrara ganador de las elecciones primarias de su partido, Realizando Metas (RM).

Otro que fue alcanzado por el escándalo fue su sucesor en el cargo, Juan Carlos Varela (2014-2019), a quien se lo acusó de haber recibido dinero de la firma brasileña durante su campaña, cargo del que se defendió, en su momento, diciendo que «no fueron sobornos, sino donaciones privadas…».

El epicentro del terremoto fue Perú

Pero si Brasil fue el embrión de esta multinacional de la corrupción, Perú se transformó en su epicentro. Allí, el 17 de abril de 2019, García se disparó un tiro en la sien, en el momento en que la policía se aprestaba a hacer efectiva su detención. Y en abril último, Toledo fue extraditado para enfrentar la carga judicial en distintas causas, entre otras la del «Lava Jato», en la que el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aseguró en 2017 que el exmandatario había recibido 31 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa que representaba.

Los brasileños «teflón»

Unos más y otros menos, pero no son pocos los expresidentes a los que les cayó el peso de la ley. Si bien en su momento, Lula, Rousseff y Temer fueron acusados, hoy uno está de nuevo en el poder, su sucesora de entonces, ocupa la presidencia del Banco de los Brics, y el exvicepresidente que lideró el impeachment está viendo cómo su situación legal se dilata en los tribunales.

Convertido en un verdadero «director de marketing» de las empresas de su país, Lula supo mantener estrecha relación no solo con las constructoras, sino también con todo el conglomerado empresario de su país, al que solía facilitarle las cosas para conseguir contratos en el extranjero. Nada que un presidente y un gobierno no tengan que llevar adelante en post de la salud de su economía. Lo que quedó en cuestión fue el cómo.

Incluso, de la mano del hoy, nuevamente, jefe de Estado, Odebrecht había llegado hasta Venezuela y Cuba, para modernizar el puerto de Mariel, con un crédito el BNDES de 682 millones de dólares, que había destinado para ese tipo de obras un total de 14,4 mil millones de dólares, de los cuales el 80 % fueron destinados a los proyectos y a la cuenta de esa firma..

En definitiva, el capítulo brasileño de la investigación Lava Jato, implicó además de a los tres mandatarios, ocho exministros, un tercio de los miembros del Senado y casi la mitad de los gobernadores, además de abrirle, en su momento de par en par, las puertas a la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023).

El caso de Lula se diferencia de todos los, alguna vez, involucrados o procesados en la investigación o en sus causas conexas. Después de un año y seis meses en una celda, todos los procesos en su contra fueron anulados.

Aquello fue el resultado de las acusaciones que Lula tuvo que enfrentar por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la Operación Lava Jato. Hoy todos los casos llevados ante la Justicia están cerrados. O fueron suspendidos o anulados, porque la Justicia, había detectado inconsistencias e ilegalidades en la acción judicial, principalmente, porte de Moro, quien a la postre se convertiría en ministro de Justicia de Bolsonaro y al que el Tribunal Superior consideró que en aquel proceso no había actuado con imparcialidad.

Esa nueva realidad jurídica de Lula fue la que le permitió retomar su vida política, hasta dividir a los brasileños entre los que consideraban que fue un perseguido político, mediante el brazo de un sector de la justicia y los que siguen sosteniendo que, más allá de la decisión de los tribunales, no se ha comprobado su inocencia. Una división que desde su encarcelamiento iría a atravesar toda la campaña electoral e, incluso, marca a fuego su presente con la actual estrechez en materia de poder de maniobra en su gobierno que arrancó el pasado 1 de enero.

El poder del voto

El presidente brasileño contó en aquel momento con una defensa que había logrado demostrar que el departamento en la ciudad balnearia de Guarujá y una finca de fin de semana en Atibaía (ambas ciudades del estado de São Paulo) no eran de su propiedad, como lo afirmaban los fiscales, sino de la empresa constructora OAS (otra de las que contaban con proyectos esparcidos por Latinoamérica), que trataba de vendérselo al presidente y a su esposa, María Leticia, en tanto que la otra propiedad pertenecía a un amigo del mandatario donde él y su familia solían pasar tiempo allí.

Fue así como el otrora sindicalista combativo, el que puso en la vidriera internacional a un sector predominante de empresarios de la infraestructura –entre los que se encontraban los artífices de una abultada cartera de delitos–, recuperó su libertad y pareció someter su presunción de inocencia o culpabilidad al estricto juicio de las urnas. Esa sentencia inapelable del voto le sirvió para recuperar el poder. En cambio, para saldar ese veredicto que mantiene viva la división de los brasileños, habrá que aguardar el irrefutable juicio de la historia.

• José Vales es escritor y periodista argentino

Artículo publicado en el diario El Debate de España