En entregas anteriores he hecho referencia a los intentos de los actores políticos de tendencia autoritaria -o de bajos instintos dictatoriales- en ciertos países para controlar la independencia del sistema judicial, bien sea por ataques directos a los magistrados y jueces o bien por medio de propuestas de torticeras reformas legales que encubren soterrados métodos de control de la actividad judicial autónoma e independiente Así, en la Argentina se pretende un cambio legal en la que el aspecto más delicado se centra en el aumento del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia para llevarlo de 5 a 25 magistrados bajo el pretexto de establecer una Corte Federal, mientras que en Israel el gobierno apuesta a otorgar más poder a las decisiones de la Knesset (Poder Legislativo), en detrimento de la revisión judicial de la Corte Suprema.
En España, por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados comunistas vienen promoviendo una reforma legislativa que le facilite la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin pretender interpretar una bola de cristal, si los españoles votamos por el bien de España, quedarán fuera las nefastas políticas que persiguen ahogar la independencia judicial y podremos seguir consolidando las instituciones y manteniendo un confiable Estado de Derecho. Si depositamos el voto equivocado, que Dios nos agarre confesados.
Mientras acontecen estos hechos, en México el 18 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una reforma legal para transferir al Ejército el control de la Guardia Nacional -que está a cargo de civiles- lo que ocasionó que el presidente López Obrador arremetiera contra la integridad de ocho (8) de los magistrados que hicieron mayoría sentenciadora al acusarlos de actuar “( … ) de manera fraccional, siguiendo criterios no legales, sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.
El ataque contra la cúpula judicial por parte del excéntrico mandatario -conocido por sus siglas AMLO- continuó días después, cuando acusó al poder judicial federal mexicano de estar “( … ) totalmente distorsionado (y) golpeado por la corrupción (… )”, calificando de “mafiosos” a los jueces con diez o más años de antigüedad, para lo cual, demostrando su supina ignorancia y desprecio por la carrera judicial, dijo que cuanto más experiencia tienen los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos; y el 24 de marzo, el mismo AMLO afirmó que la Corte Suprema es parte de la “( … ) mafia del poder (y) su único dios es el dinero”.
La inconstitucional conducta del populachero mexicano ha causado preocupación en la International Bar Association (IBA), organización gremial de elevado prestigio que en un comunicado reciente no sólo incita a López Obrador a respetar la independencia e integridad del poder judicial de México de manera consistente con el estado de derecho y las obligaciones internacionales de México, sino que, además, califica de injuriosas sus declaraciones contra la Corte Suprema porque “( … ) erosionan la confianza pública en el poder judicial, son una afrenta al estado de derecho y socavan la democracia de México”.
La IBA concluye su comunicado indicando que las agresiones de AMLO están en violación de los principios y normas del derecho internacional:
“Un poder judicial independiente es un pilar clave de cualquier democracia moderna y un sistema de estado de derecho saludable. Preservar la confianza del público en las instituciones judiciales es fundamental para que puedan cumplir con su deber de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Las alegaciones del presidente mexicano no solo socavan directamente el respeto al poder judicial, ( … ) también intimidar a los jueces y evitar que desempeñen sus funciones de manera independiente. Crean un clima de temor que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces para restringir los abusos de poder del ejecutivo. En el caso de denuncias creíbles de mala conducta y corrupción, se deben seguir las vías legales institucionales para la rendición de cuentas, en lugar de hacer acusaciones directas sin fundamento en la esfera pública”.
Este pronunciamiento de la IBA, que resume los principios que sustentan la independencia judicial, es un llamado de conciencia no sólo a los dictadores de turno y sus aprendices, pero también un alerta sobre los peligros que se ciernen sobre la democracia como el mejor sistema de gobierno -recordemos a Churchill cuando decía que era la peor forma de gobierno, exceptuando a todas las demás- y la necesidad de que los movimientos democráticos salgan fuera de esa peligrosa zona de confort que crea lo políticamente correcto y pasen al frente para, sin tapujos, fortalecer las instituciones democráticas.
Un hecho importante, en este sentido, lo constituye la declaración del Grupo IDEA, fechada 8 de junio de 2023, SOBRE LA INACEPTABLE INTERFERENCIA DE LOS GOBIERNOS EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, en la cual los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito del lamentable cuan inconstitucional comportamiento desplegado por varios gobiernos en Hispanoamérica frente a la administración de justicia, ha recordado que son elementos esenciales de la democracia “( … ) el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho ( … )” y “( … ) la separación e independencia de los poderes públicos ( … )”, concluyendo con estas indiscutibles palabras:
“( … ) el juego democrático solamente es posible si todas las partes respetan los límites impuestos por la ley, que permiten la propia existencia de la democracia”. De modo que, la banalización de dichos estándares – columnas sobre las que se apoya toda democracia constitucional – destruye de raíz la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y la seguridad jurídica; sin las cuales ninguna persona natural o jurídica, incluidas las que movilizan inversiones públicas para asegurar el bienestar de la región, tienen garantizados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
Pronunciamientos como los citados no pueden quedar en la “nube” ni archivados en los discos duros de nuestros ordenadores. Debemos difundirlos y explicarlos en lenguaje claro y sencillo para que el ciudadano común entienda con facilidad la importancia y el significado que tiene la independencia de los magistrados y jueces en una democracia. Es algo más allá de ejercer un cargo y portar una toga.
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