La última víctima de la violencia política en Venezuela es Henrique Capriles, precandidato de la Unidad Democrática. Resulta que en una actividad de campaña, en el sur de Valencia, en Carabobo, le fue interrumpido su recorrido, cacheteado y pateado por un grupo de mujeres que le gritaban, entre otros improperios: «Ladrón». Esta película ha sido vista tantas veces que es difícil que alguien no sepa el final, si Capriles hubiera reaccionado ante el ataque y devuelto el golpe, se le habría acusado de violencia de género; si no reacciona, si aguanta con estoicismo, los violentos logran, al menos, empañar la jornada de activismo y desalentar a sus seguidores y simpatizantes a participar en actividades públicas ante el miedo provocado.
Lo que en realidad ocurrió fue un intento de simulación de hecho punible que, conforme con nuestra legislación, debería ser investigado por el Ministerio Público para identificar a las involucradas, determinar las responsabilidades y efectuar las debidas acusaciones judiciales. No tenemos indicios, ni esperanza, de que tal cosa ocurra. Aún más, si las ciudadanas involucradas en el ataque contra Capriles resultan ser funcionarias vestidas de civil, es decir, agentes del Estado, estaríamos en presencia de una flagrante violación de derechos humanos, específicamente civiles y políticos, contra la persona de Capriles y sus seguidores.
Cómo lo hemos dicho, no es la primera vez que vemos esta película. Desde hace rato, las estructuras organizativas locales del PSUV hablan de territorialización, de que hay territorios rojos y territorios azules (un razonamiento por demás ilógico porque uno entendería que entonces el madurismo no podría entrar en el Zulia, Cojedes o Barinas), en los cuales hay diferenciados métodos para repeler la presencia de líderes opositores. Desde hace rato, mucho rato, los dirigentes opositores son insultados y denigrados en los medios de comunicación controlados por el gobierno, exponiéndolos al odio público y deshumanizando el activismo político. ¿El fiscal general de la República, designado por la fenecida Asamblea Nacional Constituyente, dirá o hará algo con respecto al caso de Capriles y con las amenazas que se ciernen sobre el resto de los candidatos de la Unidad que corren los mismos riesgos?
Estas prácticas son claramente fascistas y todos los ciudadanos, en menor o mayor medida, somos víctimas. Unos como objetivo directo de la agresión física y otros como ciudadanos a quienes se le niegan su derecho a participar en los asuntos públicos con estos actos de terrorismo de Estado. Hasta los comunistas están siendo perseguidos en la actualidad, ¿No me creen? Pregunten a la dirigencia del PCV, a quienes se les está intentando judicializar su partido tal como ya ocurrió con AD, Copei, PJ y VP.
No obstante, ¿qué hacer ante este modus operandi conocido? ¿Asustarnos? ¿Acobardarnos? ¿Quedarnos en la casa y no denunciar la falta de agua, de gas, de salarios dignos, de salud o educación para nuestros hijos? De ningún modo, no haremos eso. Los dirigentes de la Plataforma Unitaria seguiremos en la calle, en los pocos medios de comunicación disponibles, en todos los espacios, hablando con los venezolanos y construyendo un cambio político pacífico del cual cada ciudadano formará parte con su voto. Aquí no hay miedo.
[email protected] / @rockypolitica
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