Varios activistas a favor los derechos humanos en Uganda pidieron sanciones internacionales contra las autoridades después de que el presidente, Yoweri Museveni, promulgara el lunes una ley «anti homosexualidad» que describieron como una de las más represivas del mundo.
El mandatario desafió las advertencias de la comunidad internacional y las críticas, especialmente de Estados Unidos, y aprobó una normativa que establece duras penas por mantener relaciones con personas del mismo sexo.
La ley incluye una disposición que penaliza la «homosexualidad agravada», lo que implica que personas reincidentes puedan ser ejecutadas, aunque hace años que Uganda no aplica la pena capital.
«Este es un momento clave para que las partes interesadas, como Estados Unidos y la Unión Europea, avancen e impongan de sanciones contra los ugandeses implicados en abusos contra los derechos humanos», dijo una coalición de organizaciones locales en un comunicado publicado en la noche del lunes.
Esta ley «peligrosa y discriminatoria» criminaliza «cualquier defensa de los derechos de los ugandeses» miembros de la comunidad LGBTIQ+ y castiga este trabajo legítimo con penas de hasta 20 años de prisión, advirtieron los activistas.
La agrupación de organizaciones interpuso un recurso ante la Corte Constitucional de Uganda.
El anuncio de la promulgación de la ley generó una ola de condenas a nivel internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó el lunes la norma como una «trágica violación» a los derechos humanos y exigió su derogación.
Biden también pidió que se evalúe lo que la normativa implica para «los compromisos de Estados Unidos con Uganda», incluyendo inversiones y ayudas.
El mandatario agregó que su gobierno estudia la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y de restringir la entrada a Estados Unidos de personas implicadas en abusos contra los derechos humanos o en corrupción en el país africano.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que el gobierno de Uganda está obligado a proteger los derechos de todos sus ciudadanos y que «no hacerlo socava las relaciones con sus socios internacionales».
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