El gobierno de Perú creó una comisión para asesorar a la presidenta Dina Boluarte en cuestiones constitucionales, que asistirá a la mandataria en «la toma de decisiones estatales acorde con los parámetros» de la carta magna, una medida que se hizo pública este sábado en el diario oficial El Peruano.
Este equipo conformado por expertos juristas, que hacen parte de esta Comisión Consultiva, «tiene como función brindar asesoría especializada en materia constitucional a la Presidencia de la República, en coordinación con el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos», detalló la Resolución Suprema.
Los miembros de esta comisión son diez expertos, de los cuales cinco son exmagistrados del Tribunal Constitucional, y su vigencia es de 12 meses, pero en este plazo se podrán agregar más miembros al grupo de trabajo.
La norma establece que los integrantes ejercen su cargo ad honorem, son escogidos a título personal, su designación constituye un cargo de confianza y que no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.
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La comisión, según las palabras de la resolución, «tiene el objetivo de contribuir con el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país».
Justifica que en el contexto del país, era «necesario» conformar este equipo de trabajo integrado por «juristas de reconocida trayectoria profesional, académica, ética, prestigio e independencia, identificada con los principios y valores que inspiran nuestra Constitución Histórica».
Y que este, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, emita y exponga las opiniones y recomendaciones sobre la materia a la Presidencia de la República, «a fin de dotarle de la más alta consejería constitucional que garantice la mejor y más adecuada toma de decisiones dentro de los parámetros estrictamente constitucionales».
La comisión es fruto del informe final del Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal que se encargó de la «Reforma Política en el marco del adelanto de Elecciones Generales 2024» y que se creó en el seno de las protestas antigubernamentales en diciembre de 2022.
Este informe advirtió de la importancia de que la presidenta cuente con «una asesoría del más alto nivel en materia constitucional».
La norma concluye con los nombres de la comisión, que son Ernesto Álvarez Miranda, Jorge Blume Fortini, Alberto Borea Odría, Jorge Luis Cáceres Arce, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, Aníbal Quiroga León, José Luis Sardón de Taboada, Oscar Urbiola Hani y Elizabeth Zea Marquina.
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