Entiendo a las organizaciones y dirigentes políticos que han expresado su preocupación por el posible uso de las captahuellas en las próximas elecciones primarias de la oposición. Insisten en que no se le debe entregar en “bandeja de plata” los nombres de las personas que voten en esa consulta a un régimen sectario y represivo, que viola de forma sistemática los derechos humanos. Se corre el peligro, según este punto de vista, de que el gobierno elabore una nueva Lista Tascón, para con ella identificar y segregar a sus adversarios, tal como ocurrió a partir de 2004 cuando el tristemente célebre diputado Luis Tascón le dio a Hugo Chávez los nombres y cédulas de identidad de quienes habían solicitado la convocatoria del referendo revocatorio. Esa lista sirvió para marginar de toda oportunidad de conseguir trabajo, contratos y muchos beneficios más en los organismos oficiales a los convocantes. Este razonamiento, aunque lógico, representa una proyección lineal de lo ocurrido en aquella oportunidad. Conviene revisarlo.
Comienzo por decir que la Venezuela de 2023 es muy diferente a aquella de la etapa 2004 y años siguientes. Ese fue un período en el cual el gobierno de Hugo Chávez empezó a navegar en petrodólares. El comandante inició una campaña de exterminio de la empresa privada en venganza por los sucesos del 11 de abril de 2002. Confiscó y expropió empresas en medio de una borrachera estatista frenética. Parecía que los dólares provenientes del crudo eran inagotables. Pdvsa aún producía más de dos millones y medio de barriles por día y el precio del crudo alcanzaba cotas cada vez más altas. Quienes se iban del país eran los expulsados de Pdvsa, que no conseguían emplearse ni en el sector público ni en el privado. Al gobierno central, así como a las gobernaciones y alcaldías chavistas, les sobraba el dinero para derrochar. La Lista Tascón se convirtió en un instrumento para excluir del festín y castigar a quienes se habían atrevido a ejercer el derecho constitucional de pedir la salida de Chávez de la presidencia de la República.
Dos décadas después, el cuadro cambió drásticamente. El Estado fue conducido a la quiebra tanto por Chávez como por Maduro. El gasto enloquecido se acabó. Ahora el gobierno vive de las migajas que le da Chevron para que abastezca el mercado cambiario y evite que el dólar se dispare a la estratosfera. Ni el gobierno central ni los gobiernos regionales y locales maduristas pueden darse ningún lujo excéntrico. Los contratos a los socios del régimen se restringieron. Los trabajadores sobreviven con sueldos miserables, la informalidad se disparó, los pensionados fueron abandonados y los jóvenes no consiguen trabajos estables y bien remunerados. Este nivel de ruina ha hecho que más de 5 millones de venezolanos se hayan ido del país desde que Maduro llegó a Miraflores. Son compatriotas que han asumido el riesgo de atravesar el Darién para luego cruzar el río Bravo con la meta de llegar a Estados Unidos. O que han caminado hasta Colombia para de allí seguir hacia Brasil, Perú, Chile o Argentina.
La verdadera Lista Tascón es la que se elaboró con los millones de venezolanos arrojados a la pobreza, sin posibilidades de construir un futuro digno, obligados a emigrar o que se conforman con sobrellevar en Venezuela una vida llena de limitaciones.
Convertir el tema de las captahuellas en un problema de principios, señalando que el régimen podría utilizarlas para diseñar un nuevo mecanismo de persecución, me parece exagerado porque distorsiona la realidad actual. Ese argumento no rige ni siquiera para los millones de pensionados y jubilados del Seguro Social. Este amplio sector siempre ha sido susceptible a los chantajes del régimen, que lo ha extorsionado haciéndole creer que el voto no es secreto o que si se alinea con la oposición perderá los escuálidos beneficios que recibe. Esas franjas tienden a abstenerse de participar en los eventos convocados por los opositores. Son proclives a reducir los riesgos.
Pareciera, por las declaraciones recurrentes de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que la estrategia del régimen se basa en utilizar al CNE, y especialmente las captahuellas, para intimidar e introducir factores de división dentro de la Plataforma Unitaria y los otros partidos y grupos que están convocando la consulta. El gobierno posee el control del TSJ y, desde luego, de su Sala Electoral. Este dominio le permite amenazar con inhabilitar o ilegalizar las primarias en el caso de que los factores que acudan a la cita de octubre decidan hacerlo sin la intervención del organismo electoral. Ese chantaje puede, en efecto, materializarse. No hay que complacerlos.
Aunque la oposición debería poder organizar y ejecutar las primarias de acuerdo con sus propios criterios, el principio de realidad obliga a pensar que el marco institucional impuesto por la autocracia madurista no debe obviarse. Sería un error facilitarle a la claque gobernante la ruta que conduzca a la pendiente seguida por Daniel Ortega.
En 2024 es posible derrotar a Maduro con un candidato unitario surgido de las primarias. No hay que perderse en detalles subalternos.
@trinomarquezc
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