Citgo & Ley de Extinción de Dominio (¿guerra a muerte política?)

Como he venido publicando desde hace semanas, la Ley de Extinción de Dominio tiene la tendencia de ser un arma de destrucción masiva si se le utiliza como un instrumento político o como se le denomina en la actualidad, como un Lawfare, por lo cual el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, apoyado por otros importantes funcionarios de aplicar la misma a los diputados a la Asamblea Nacional electa en 2015, con el propósito de castigarlos y de paso destruir en el proceso a todas las organizaciones políticas opositoras del hoy en día conocido como G-10, tal vez, perdonando temporalmente a los diputados electos,

que salieron en 2020, para enfrentarse a Juan Guaidó y demás miembros de la MUD, a pesar de que el mismo Jorge Rodríguez, cada vez que se molesta, les grita que no son para nada diferentes, amenaza con hacer saltar toda la arquitectura política actual, con todas las consecuencias financieras, económicas y sociales que se derivarán.

La decisión de iniciar un proceso de liquidación de las acciones de Citgo amenaza con convertirse en «la chispa que enciende la pradera», debido a varios factores combinados, como la pérdida humillante de la que fue la empresa pública más importante del gobierno de Venezuela en el exterior, el precedente de que este podría ser el ejemplo para futuros pagos de deuda externa y compensación por daños y perjuicios a multinacionales que están en la  lista de demandas contra la nación, haciendo evidente la impotencia para evitarlo.

Recordemos que a pesar de la opacidad en las cuentas públicas, existen estudios de expertos que plantean una deuda externa de 100 a 180 millardos de dólares estadounidenses, lo cual supera el tamaño de la economía venezolana en la actualidad, después de la pérdida del 70% del PIB en la última década.

Por ello, es evidente que desean elevar el coste político de tales acciones, en este caso contra la oposición política de Venezuela, aplicando un plan que funcionó hace 20 años, cuando castigos colectivos como la Lista Tascón y la expulsión masiva de trabajadores de Pdvsa no generó respuestas foráneas.

Aplicar la Ley de Extinción de Dominio a los más de 100 diputados a la Asamblea Nacional de 2015 es un camino seguro al desmantelamiento político de la Plataforma Unitaria de Venezuela, pues afecta de manera irreversible a las direcciones nacionales de dichos partidos políticos, amedrentando a quienes no eran diputados y sigan en el ejercicio político electoral.

Recordemos que la gran novedad de esta ley, en la cultura política y jurídica de Venezuela,  es que apunta no solamente al acusado, sino a sus familiares, socios y demás conocidos a los que se pueda denunciar algún tipo de vinculación, desde donaciones y fundaciones, hasta regalos de bodas o cumpleaños, pueden ser suficientes para solicitar el congelamiento de cuentas, incautación de propiedades y confiscaciones a favor del Estado, de personas muy alejadas del político en cuestión. Como escribí hace un mes, si los familiares y conocidos de los políticos venezolanos tuviesen idea de esta ley, adelantarían de inmediato divorcios, repartición de bienes en vida, venta de sus bienes patrimoniales y fuga del mismo fuera del país, así como renuncia y separación de clubes sociales, fundaciones y otras asociaciones civiles, con la finalidad de proteger las mismas, todo de manera preventiva.

Hoy, cuando existe una serie de sanciones e investigaciones en curso en la Corte Penal Internacional, parece una gran temeridad iniciar una campaña judicial y político-administrativa que tendría consecuencias muy graves, aportando definitivamente todo intento de negociación con la Plataforma Unitaria de Venezuela, generando todo tipo de sanciones nuevas contra el gobierno por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que hacen preguntarse si la economía nacional está en capacidad de aguantar una etapa de represalias contundentes y confrontación que cerraría la etapa de recuperación económica, que el país, ha tenido en los últimos trimestres, después de años de caída catastrófica.

Es difícil imaginar a los gobiernos de Colombia y Brasil soportar de buena gana la emigración de millones de venezolanos, frustrados todos los intentos de Lula y Petro de insertar al gobierno de Maduro a la integración suramericana y ver levantadas las sanciones.

Aplicar el esquema nicaragüense para acabar con la mayor parte de la oposición y dejar solamente funcionando a 2-3 bloques políticos que serían los candidatos que enfrentarian al gobierno en la elección presidencial de 2024, sería de forma anticipado, un proceso no reconocido, por muchos países por razones obvias.

No es poco lo que arriesga el gobierno nacional en esta dirección, pues la colocación del país en la lista de enemigos abiertos del bloque occidental, en momentos en que el mundo está claramente dividido en 2 bloques abiertamente antagonistas, donde Rusia y China se enfrentan a Estados Unidos y la Unión Europea, hace inevitable pensar en la reducción de las relaciones comerciales y financieras con países, donde existen importantes agrupaciones de emigrantes, con significativos flujos de remesas hacia la economía nacional.

Pareciera no existir ningún temor de parte del gobierno nacional de que la Federación Rusa pierda la guerra de Ucrania, con la consecuente salida de Vladimir Putin y el retiro por parte del nuevo gobierno ruso, de áreas de América Latina, África y Asia, para lograr el levantamiento de la economía rusa, solo posible con el levantamiento de las sanciones globales actuales.

Venezuela desde el punto de vista financiero está en una situación de debilidad tan grande, que el apoyo de China, Brasil, entre otros, tendría que ser muy grande, sin importar que empresarios y funcionarios de dichas naciones serían objetivos directos de las nuevas sanciones estadounidenses. Esto elevaría exponencialmente el coste político y económico de sostenibilidad del actual gobierno.

La elección de la expresidente de Brasil Dilma Rousseff como primera presidenta del Banco del BRICS puede ser en este sentido una respuesta a estas demandas de financiación para Venezuela y otros miembros del denominado grupo de países conocidos como los No Alineados, para terminar de ajustar las economías nacionales y sus sociedades a la lucha contra el Bloque Occidental y sus aliados.

En tal escenario el asunto ya no sería electoral, sino una guerra económica muy intensa desde afuera hacia adentro, puesto que a diferencia de Cuba y Nicaragua o Bolivia, la posición política desafiante del gobierno de Maduro y su disposición a invertir en grupos y gobierno de corte antioccidental, antiglobalización y antiimperialista, no olvidando su discurso anticapitalista, por contradictorio que parezca en su práctica cotidiana, lo convierte en un objetivo permanente de confrontación.

El final de esta situación es muy difícil de escribir…