La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que es inconstitucional un proyecto de ley que entregaría el control de la Guardia Nacional de México a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado por sus aliados en el Congreso el pasado mes de septiembre.
El fallo se produjo pocos días después de que tropas de la Guardia Nacional abrieran fuego contra una familia que viajaba en un automóvil en el norte de México, matando a tres personas, incluido un bebé por nacer.
Con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el paso de la Guardia Nacional de un cuerpo civil a un cuerpo militar era inconstitucional.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha sido criticada por su carácter militar. La fuerza de seguridad supuestamente dirigida por civiles estaba destinada a depender de los militares solo temporalmente, sin embargo, a lo largo de los años, todos sus recursos, entrenamiento y operaciones han sido dirigidos por la Sedena.
Con 8 votos, #LaCorte determinó que la transferencia a la SEDENA de las facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional, es contraria a la obligación constitucional de que esta institución tenga un mando civil.
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— Suprema Corte (@SCJN) April 18, 2023
Para 2022, 80% de sus miembros y 100% de sus comandantes procedían de las fuerzas armadas. Dicho cuerpo de seguridad cuenta actualmente con más 128,000 tropas activas en el país.
En agosto de 2022, López Obrador se movió para consolidar aún más los lazos entre los cuerpos al presentar un proyecto de ley que transferiría el control de la Guardia Nacional a la Sedena. El proyecto de ley fue aprobado al siguiente mes tras recibir un apoyo significativo por parte de los aliados del partido Morena de López Obrador.
Sin embargo, el martes, la Suprema Corte dictaminó que el proyecto de ley era inconstitucional, citando que la ley representaba una violación directa del artículo 21 de la Constitución Política de México que establece que la Guardia Nacional debe ser una “institución de policía civil”.
Durante las deliberaciones, el juez Luis María Aguilar citó que la propia naturaleza de la formación de los militares difiere de las instituciones civiles.
“La formación y educación que reciben los miembros de las fuerzas armadas por su propia naturaleza y funciones difieren de las requeridas por las fuerzas policiales para el desempeño de sus funciones de seguridad pública, ya que la principal misión encomendada a las fuerzas armadas es la defensa de la soberanía e integridad de la patria y la defensa del Estado contra el enemigo”, dijo Aguilar.
Si bien la decisión de la Suprema Corte puede ser un golpe político para la administración de López Obrador, la Guardia Nacional sigue siendo una fuerza militar que opera dentro de la lógica y las estrategias del aparato de defensa, algo que el Ministro del Interior, Adán Augusto López, recordó a sus opositores. “La Guardia Nacional seguirá recibiendo orientación y capacitación profesional de la Sedena”, dijo.
Miembros de la Armada y la Guardia Nacional de México patrullan la zona turística de Cancún, estado de Quintana Roo, México, el 17 de marzo de 2023. Foto: Elizabeth Ruíz / AFP
Guardia Nacional dispara y mata a familiares en el norte de México
Dos días antes de la decisión del tribunal, tropas de la Guardia Nacional de México abrieron fuego contra una familia en el norte de México, lo que resultó en la muerte de una niña de 15 años embarazada, su hijo por nacer y un hombre de mediana edad.
El tiroteo ocurrió la mañana del 16 de abril en la ciudad de Nuevo Laredo, en el norteño estado de Tamaulipas, cuando una patrulla de la Guardia Nacional disparó contra la familia de cinco integrantes que viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban en una carretera que conecta Nuevo Laredo con la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila.
El vehículo se estrelló después de recibir varios disparos y, según los informes, la patrulla ordenó a los pasajeros que salieran del vehículo. Seguidamente, miembros de la Guardia habrían disparado unas 86 veces mientras la familia corría.
Posteriormente, Jesús Felipe García García, de 54 años, murió en el lugar. La joven Miriam Mariana Flores Pizano, de 15 años, quien estaba embarazada con ocho meses de gestación, sucumbió a sus heridas dos días después, mientras su hijo por nacer murió durante el ataque.
Otros miembros de la familia también resultaron heridos, incluido Luis Adán Rodríguez Santiago, de 24 años, quien se encuentra en estado crítico en un hospital de Nuevo Laredo. Su primo Edwin Leonel, de 14 años, y Verónica Patricia Treviño Rubí, de 24, también están hospitalizados por heridas de bala.
Según el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, una vez que los funcionarios de la Guardia Nacional se dieron cuenta de que la familia estaba desarmada, se retiraron rápidamente del lugar, dejando a la familia lesionada en medio de la carretera.
Nuevo Laredo ha visto, en reiteradas ocasiones, un uso excesivo de la fuerza y ejecuciones por parte de los militares, donde Ramos Vázquez ha jugado un papel activo en la denuncia de los militares y sus abusos.
Miembros de la Guardia Nacional de México custodian el hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los migrantes son atendidos luego del incendio en un centro de detención migratoria donde murieron 38 migrantes en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México el 30 de marzo de 2023. Foto: HERIKA MARTÍNEZ / AFP
Una historia de violencia excesiva
Ramos Vázquez ha documentado varios casos diferentes en los que las tropas militares de la Sedena han asesinado a civiles desarmados en Nuevo Laredo, incluido el asesinato de cinco jóvenes el 26 de febrero, así como la ejecución de 12 presuntos sicarios en julio de 2020, un caso en el que Ramos Vázquez ayudó a probar que tres de las víctimas no tenían vínculos con organizaciones criminales y tenían las manos y los pies atados al momento de ser asesinados.
Su papel como defensor de los derechos humanos ha convertido a Ramos Vázquez en blanco del espionaje de los militares, que han utilizado spyware para vigilar y entorpecer su activismo. También ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte del gobierno mexicano, que ha tratado de socavar su crónica de abusos contra los derechos humanos diciendo que trabaja para sindicatos criminales en México para atacar a las fuerzas armadas.
Junto con Sedena, la Guardia Nacional de México también tiene un historial de violencia excesiva.
El 1 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un vehículo, lo que terminó con en el asesinato Mauro Miguel Rocha Saucedo, de 24 años, y Luis Fernando Maldonado en Chihuahua. El asesinato de los dos jóvenes se informó luego de que apareciera en las redes sociales un video que mostraba el tiroteo.
El 27 de abril de 2022, una patrulla de la Guardia Nacional disparó a estudiantes de agronomía desarmados de la ciudad de Irapuato, en el centro de México, resultando en la muerte de Ángel Yael Ignacio Rángel, de 19 años, y la hospitalización de Edith Alejandra Carrillo, de 22 años.
Meses después, en octubre, en Jalisco, en la costa occidental de México, una joven de 16 años que tenía dos meses de embarazo fue asesinada a tiros por efectivos de la Guardia luego de que el automóvil en el que viajaba no se detuviera en un retén.
En Chihuahua, el 8 de septiembre de 2020, durante una protesta de campesinos, la Guardia Nacional disparó contra dos manifestantes, resultando en la muerte de Jessica Silva y la hospitalización de su esposo, Jaime Torres.
Durante años, los defensores de los derechos humanos han denunciado el exceso de violencia por parte de la fuerza de seguridad y argumentan que su tendencia a la violencia tiene sus raíces en la naturaleza militarista del cuerpo.
Por Jorge Antonio Rocha para Aztec Reports.
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