El régimen instalado en 1999 creía que desmontar los mecanismos de contrapeso institucional propios de la democracia y el Estado de derecho, sólo le serviría para abrocharse al poder, enriquecer a los gobernantes y su círculo de allegados, y anular la capacidad de denuncia de la oposición. Se equivocó. Ahora está pagando las consecuencias de haber colonizado el Poder Judicial, la Contraloría y todos los mecanismos de supervisión, colocando en esas instancias a palafreneros cuya única misión consistía en llevar las riendas de organismos subordinados a la voluntad de Miraflores.
El descubrimiento de las tramas de corrupción en Pdvsa-Sunacrip, liderada por Tareck el Aissami, en la CVG y, más reciente, en Cartones de Venezuela, develó que esas camarillas –amparadas en la ausencia de supervisión– se apoderaron de un volumen tan grande de dinero que dejaron al gobierno central sin recursos para financiar los gastos ordinarios de las mismas empresas y del Estado.
En el caso de Pdvsa, entre la fortuna de la cual la mafia se adueñó y las cuentas por cobrar (diferentes fuentes estiman que la cifra llega a más de 21.000 millones de dólares), debido a contratos sin soporte jurídico, que no sirven para sustentar la cobranza del crudo entregado en el mercado internacional, el Ejecutivo se quedó sin lana para aumentar los sueldos de los trabajadores de todos los sectores, elevar los miserables ingresos de los jubilados y pensionados, y gastar en programas sociales en el año preelectoral, entre otras erogaciones necesarias. Tal ha sido la escala de los negocios fraudulentos, que la putrefacción también está afectando a Nicolás Maduro y su equipo.
El asalto a Pdvsa –principal proveedora de las divisas que ingresan a la nación- y a la CVG, solo puede explicarse por la reducción al mínimo del papel de la Contraloría General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y la anulación de las contralorías internas de Pdvsa, que durante décadas fiscalizaron con celo las operaciones de la compañía. ¿Dónde estaba el contralor Elvis Amoroso durante todos estos años? ¿Qué estuvo haciendo la Comisión de Contraloría de la AN a lo largo de este período, a pesar de las denuncias de distintos expertos en el área petrolera? ¿Por qué no ha sido interpelado en una sesión pública el contralor? ¿Por qué no han comparecido ante la AN los contralores internos de Pdvsa? ¿Por qué ninguna de esas instancias le da una explicación detallada y precisa a la opinión pública acerca de lo ocurrido? Si Pdvsa es de todos, si todos somos accionistas de esa firma, lo mínimo que deberíamos saber los venezolanos con lujo de detalles es qué pasó allí durante estos años en que la empresa fue esquilmada por un grupo delictivo, sin que los órganos del Estado petrolero diseñados para impedir el latrocinio actuaran para evitarlo.
La indolencia e irresponsabilidad del régimen ha sido de tal magnitud que algunos técnicos, trabajadores y sindicalistas que se atrevieron a evidenciar la corrupción, fueron acusados de espías, fomentar el odio, ser agentes de la oposición y el imperialismo, actuar como enemigos de la revolución y traidores a la patria. El joven Alfredo Chirinos, quien además fue torturado y estuvo preso durante más de cinco años, fue víctima de un trato cruel por haber tenido la valentía de desenmascarar las irregularidades que se cometían en su área de trabajo en Pdvsa.
Me parece muy bien que el gobierno haya iniciado el proceso de depuración que está llevando adelante y que desmantele las complejas y tramadas redes de corrupción que se apropiaron del Estado, de Pdvsa, de la CVG y de otras instancias del Estado. Esa labor profiláctica debe ser aplaudida. Ya van por ochenta los detenidos. Sin embargo, a un régimen con casi un cuarto de siglo gobernando hay que exigirle más. El combate a los engranajes que generan y multiplican la corrupción, no puede limitarse a perseguir y apresar facinerosos que se apropian del patrimonio público y legitiman capitales; o a pasar facturas y ajustar cuentas con bandos rivales internos.
Lo sucedido con la corrupción desde 1999, a partir del Plan Bolívar 2000, es el resultado inevitable de haber sometido el Poder Judicial y los órganos contralores a la presidencia de la República, anular la autonomía de la AN, convirtiéndola en un foro monocolor, acallar la voz de los medios de comunicación independientes, y perseguir a los partidos políticos, gremios, sindicatos, federaciones e individuos particulares, que develan la corrupción en sus diferentes formas.
Tareck el Aissami y sus camaradas han sido heridos de muerte. Junto a ellos han caído otros forajidos enriquecidos con un dinero cuyos verdaderos dueños son los venezolanos. De este estadio hay que saltar a la recuperación de la democracia, la República y el Estado de derecho. Venezuela necesita contar con un Estado en el que operen los contrapesos institucionales y sociales. Las diferentes ramas del Poder Público deben equilibrarse entre sí y vigilarse mutuamente, de acuerdo con los clásicos principios republicanos de Montesquieu. Y la sociedad, a través de sus múltiples organizaciones y medios de comunicación, debe supervisar la acción del Estado, y exigirles a los mandatarios rendición de cuentas, sin que ninguna de esas sanas acciones suponga el peligro de ser hostigado, inhabilitado o encarcelado.
Hay que acabar con el esquema de poder basado en la corrupción. Maduro no es la persona capaz de promover ese cambio.
@trinomarquezc
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