El pasado mes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe actualizado de la situación de esos derechos universales en Venezuela, según la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe concluye no otra cosa sino lo que puede concluir: el deterioro de lo que ya era negativo en cuanto al tratamiento de los derechos humanos en nuestro país. Más nada.
Este informe ha despertado la ira de algunos funcionarios gubernamentales. ¿Se sienten señalados directa o indirectamente en las acusaciones? Al punto se desató la iracundia que han arremetido con gruesas palabras contra el alto comisionado y han solicitado la expulsión de los funcionarios representantes de este en el país. Uno solo. Porque el mismo informe hace notar que encuentran esto "lamentable, la cooperación del gobierno sigue estancada", ya que el resto del personal de la oficina del alto comisionado debe trabajar a distancia, porque no les otorgan visas.
El comunicado es extenso, exhaustivo, y toca todos los temas fundamentales de los derechos humanos violados recurrentemente en Venezuela. Se detiene en aspectos de la salud, educación, trabajo, derechos de las comunidades LGBTIQ+, económicos, vida, libertad de expresión, asociación, reunión y un casi infinito etcétera. Por ejemplo, refiere "desafíos para acceder a servicios de salud, a un trabajo decente y a un nivel de vida adecuado". Pone un puntillazo especial sobre el tema económico: "el presupuesto nacional no se ha hecho público desde 2017".
Pero se explaya en temas como los derechos humanos de las comunidades indigenas y en cuanto al ambiente y su protección. Abunda sobre cortes eléctricos, ausencia de profesores, suspensión de clases y falta de recursos económicos para el alumnado, sueldos insuficientes, ingreso mínimo integral que no abarca para completar la canasta alimentaria; aumento de las restricciones al espacio cívico, aumento de violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal con 84 casos documentados de desapariciones forzadas y 32 de víctimas de torturas y tratos crueles.
No se le escapa nada al alto comisionado y su equipo. De allí la reacción desmedida de las autoridades venezolanas en ejercicio de su poder autoritario y de sometimiento de la población, al margen de las leyes y los derechos humanos. Sería tremendamente lesivo al interés mundial y especialmente de los venezolanos que finalmente no pueda haber contacto directo aquí con la oficina del alto comisionado para entablar el diálogo, la información, el conocimiento adecuado, rápido y sin cortapisas con los funcionarios de la ONU especializados en estos temas.
¿Tiene algo que decir o hacer el secretario general de la ONU al respecto? ¿El mundo callará ante las sistemáticas violaciones de nuestros derechos humanos? En cuanto a esta última interrogante, esperamos que no.
