“No se trata de justicia”, se esgrime en un comunicado muy reciente de la República Bolivariana de Venezuela, que pregona a los cuatro vientos que en este país no hay presos políticos sino políticos presos. Justamente, la situación en que se encuentra desde el martes Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de Argentina, como resultado de un juicio que la condenó por defraudación al Estado. El daño establecido por el fiscal Diego Luciani es de 1.000 millones de dólares. El juicio de la Causa Vialidad comenzó hace 17 años, no estaba Javier Milei ni en el horizonte, tampoco estaba Nicolás Maduro en Miraflores.
La expresidenta fue condenada a seis años de cárcel y fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Su abogado ya procedió a solicitar casa por cárcel, beneficio al que se podrá acoger por ser mayor de 70 años. Junto con Kirchner, fueron condenadas otras ocho personas a penas similares, incluso menores. Otras cuatro fueron absueltas, entre ellas Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner.
La Causa Vialidad fue una maniobra fraudulenta para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se favoreció a Lázaro Báez, quien se convirtió en empresario de la construcción de la noche a la mañana a partir de la relación de amistad y comercial con los exmandatarios. Recibió 51 contratos y, según el fiscal, no importaba si las obras se realizaban o no en el tiempo previsto y de la forma establecida, pues de todas maneras recibía sumas “siderales”. Además, fue protegido con resoluciones para evitar los controles y para cobrar cuanto antes.
Los jueces (15 magistrados, al menos, participaron durante el larguísimo proceso) pudieron identificar que parte del dinero obtenido por el empresario tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Corte Suprema, máxima instancia judicial, confirmó las condenas previas de un tribunal oral y la Cámara de Casación. En el tránsito judicial, el delito inicial que se juzgaba de asociación ilícita para robarle dinero al Estado fue modificado por la Cámara de Casación y la propia Corte al de defraudación al Estado, lo que rebajó la pena de 12 a 6 años. La inhabilitación política perpetua es una consecuencia automática establecida en el Código Penal para los condenados por tal delito. No es, por tanto, a criterio de los jueces.
La defensa de Kirchner, jurídica y política, nacional e internacional, como ese lastimoso comunicado de la dictadura venezolana, argumenta que es una víctima del Lawfare, el uso de la justicia para fines políticos. Lo que repite Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana. Lo que en su día se propagó en torno a los procesos contra Lula da Silva, que lo llevaron a la cárcel. También más al norte se recurre a un expediente similar.
La señora Kirchner, como otros mandatarios, ha ejercido su defensa en todas las instancias previstas por el ordenamiento jurídico de su país. Y aún promete más guerra, acudiendo al escenario internacional. Tuvieron que pasar 17 años para que pudiera llegarse a una condena firme. ¿Cuántos ciudadanos acusados de delitos, ciertos o falsos, de menor cuantía para las arcas de un país, pueden postergar por tanto tiempo un veredicto final? ¿Será el fin del liderazgo político de Kirchner o su rol de víctima impoluta le terminará dando mayor rédito?
