La salud política de Venezuela bien pudiera medirse, día a día, siguiendo el registro que Foro Penal lleva de los presos políticos en el país. Es un subibaja que se mueve según los cálculos caprichosos del régimen. Tras un descenso progresivo, que siguió a la desmesurada arremetida poselectoral, la cuenta se ubica ahora en 900 detenidos por razones políticas, cifra que no debe incluir aún a los 38 anunciados por el capitán Diosdado Cabello en las últimas horas señalados de un rocambolesco plan de sabotaje electoral.
De ese casi millar de presos políticos, 79 son extranjeros: colombianos, ecuatorianos, españoles, también de Alemania, Argentina, Guyana, Italia, Países Bajos, Perú, República Checa, Rumania, Ucrania, Uruguay y un grupo de Estados Unidos. De estos últimos, 7 ya fueron “rescatados” por Richard Allen Grenell, el enviado especial para misiones también especiales designado por Donald Trump.
La más reciente misión especial de Grenell -la anterior fue un encuentro en Miraflores el 31 de enero pasado, entre risas con Maduro y Jorge Rodríguez- lo llevó a la isla de Antigua para verse con alguna figura del chavismo, presumiblemente Rodríguez, que le permitió llevarse de vuelta a Estados Unidos a Joseph St. Clair, de 33 años, veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, quien estaba detenido desde noviembre de 2024. La versión de la familia de St. Clair indica que fue “secuestrado” por fuerzas de seguridad venezolanas cerca de la frontera con Colombia.
Al mismo tiempo se conoció la decisión de extender por 60 días los permisos para que la petrolera Chevron concluya sus operaciones en el país. En las cárceles del régimen aún quedan 5 ciudadanos estadounidenses, un par de ellos con doble nacionalidad. Grenell aún tiene trabajo por hacer.
Mientras Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, celebró el pasado 6 de mayo la “extracción” de los rehenes venezolanos, miembros de Vente Venezuela, de la sede diplomática argentina donde permanecieron 412 días y denunció, a la vez, el peligro para la seguridad regional que representa el régimen de Maduro; Grenell insiste en que Trump no persigue un cambio político en Venezuela.
Agendas que los hechos muestran como contradictorias, nada nuevo por lo demás en los gabinetes ejecutivos de gobiernos en distintas partes del mundo y en distintos momentos, que condicionan en este caso las relaciones hacia Venezuela y frente a lo cual el régimen de Maduro siempre se reserva piezas de negociación sensibles porque se trata de vidas sometidas a la privación de su libertad sin derecho ni siquiera a la defensa.
