El abogado Wilnan Molina, dirigente del partido Vanguardia Popular, denunció este lunes en la mañana que presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), vestidos de negro, asediaban su vivienda intentando entrar sin orden de allanamiento.
La ONG Provea, que dio a conocer la denuncia en redes sociales, indicó que Molina se encuentra junto con su esposa e hija en su apartamento del complejo Parque Central, en Caracas.
"Estamos atentos a la situación y rechazamos este nuevo abuso que se inscribe en la escalada represiva contra dirigentes sociales, políticos y defensores de derechos humanos", señaló la organización.
Vanguardia Popular es un partido de tendencia izquierdista que es crítico al gobierno de Nicolás Maduro y forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática.
Denuncian otra ola de detenciones en Venezuela
Tras la fuga de los cinco refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, la oposición venezolana ha denunciando otra ola de detenciones en contra de profesionales, entre ellos periodistas, profesores y médicos, además de la presión contra organizaciones de familiares de presos políticos.
El martes 6 de mayo, en el estado Carabobo, funcionarios del régimen venezolano se llevaron al periodista y activista político Mario Chávez Cohen, así como a su madre. Ella fue liberada horas después.
Un día antes fue detenido el profesor Rafael Antonio Torres, secretario de formación del partido Proyecto Venezuela en el estado Miranda. Funcionarios del Sebin llegaron a su vivienda, en el municipio Guaicaipuro de esa entidad, donde lo golpearon y se lo llevaron detenido. Está en desaparición forzada.
La abogada Merlina Carrero, que se identifica como “constructora de paz”, fue detenida el 7 de mayo a las 2:00 de la tarde en San Cristóbal, estado Táchira, por funcionarios sin orden alguna.
Carrero dirige en la entidad andina la plataforma que coordina Benigno Alarcón a nivel nacional llamada Creemos Alianza Ciudadana.
Otro de los detenidos es el dirigente de Acción Democrática legítima Ángel Lugo, que pertenecía en el estado Lara al Grupo de Formación de esa organización política, cuya tarjeta le arrebató el Tribunal Supremo de Justicia.
