Las violaciones de los derechos humanos de los legisladores se han triplicado en una década, de las 311 recogidas en 2014 a 956 en lo que va de año, advierte este viernes la Unión Interparlamentaria (UPI), que señala a Venezuela o Yemen como casos paradigmáticos de estos abusos.
Se trata de una cifra récord desde que la organización comenzara a contabilizar estos casos en 1977, recordó la UPI, que citó como principales ejemplos de estas violaciones desde las suspensiones irregulares a las trabas a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, o los juicios sin debido proceso.
En 2024 la región donde más abusos de este tipo se han registrado es por ahora Asia-Pacífico (331), seguida de Oriente Medio (228) y América (195), mientras que en Europa se registraron 75 casos y en África 127, según los datos que la UPI publica a propósito de la celebración el 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos.
UPI destacó especialmente la situación en Venezuela, donde la organización dice seguir con atención los casos de 135 exparlamentarios de la oposición elegidos en 2015 y que han denunciado persecución política, causas criminales contra ellos por ese motivo y acoso.
La organización citó el caso de la líder de la oposición María Corina Machado, a quien se le impidió presentarse como candidata en las recientes elecciones presidenciales venezolanas.
Otro país destacado por UPI es Yemen, donde 116 miembros del Parlamento elegidos en 2003 han sido víctimas de abusos, incluidos intentos de asesinato, secuestro, detenciones arbitrarias y destrucción de sus propiedades.
UPI recordó asimismo que tres casos de parlamentarios asesinados en 2022 y 2023 en Somalia, Afganistán y República Democrática del Congo siguen sin resolverse, así como la situación de los legisladores desaparecidos Seham Sergiwa (Libia), en paradero desconocido desde 2019, y el nicaragüense Broolyn Rivera, cuya desaparición se remonta a septiembre de 2023.
La organización señaló también casos de condenas políticamente motivadas contra legisladores de Bangladés, Birmania (Myanmar), Pakistán, Túnez y Turquía que siguen en prisión.
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