La ONG Un Mundo Sin Mordaza exigió la liberación inmediata de la activista venezolana Rocío San Miguel, a un mes de su detención en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
«Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciamos las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este caso, como al debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de tratos crueles, derecho a la defensa, privacidad y no discriminación. Exigimos la libertad inmediata de Rocío San Miguel y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales», indica la ONG en un comunicado.
Aseguró, en el texto reseñado por El Impulso, la ONG aseguró que este caso se denota una sistemática obstrucción que la mantiene en un estado de total indefensión.
«Una muestra de ello la flagrante violación a su derecho a la defensa, su traslado a los tribunales ha sido obstaculizado y reprogramado en tres ocasiones distintas en el al tribunal Segundo de Terrorismo de Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo, impidiéndole juramentar abogados de su confianza y revisar el expediente con los cargos en su contra, la activista solo ha contado con un defensor público que la representó cuando la presentaron en tribunales el día 12 de febrero», agregó.
Destacó además que las autoridades no han dado explicaciones sobre los múltiples cambios en la programación de las audiencias preliminares de San Miguel ante los tribunales. «Esta arbitrariedad incrementa la opacidad en torno a su caso y atenta contra las garantías del debido proceso».
«Un cúmulo de irregularidades y violaciones a sus garantías fundamentales han sentado un preocupante precedente. Desde que se anunció su detención, la ausencia de pruebas sólidas que respalden las graves acusaciones de conspiración y planes para atacar instalaciones militares en su contra, socava sus derechos a un juicio justo, a la defensa y a la presunción de inocencia», concluyó.
San Miguel fue arrestada la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas.
Sus abogados intentaron desde entonces comunicarse con ella, pero se les ha negado el acceso.
Fue presentada ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y forzada a aceptar un defensor público, estrategia habitual en casos de presos políticos. Se le acusó de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
La activista recibió una «única visita» el pasado 18 de febrero de su hija, Miranda Díaz.
San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española. Su detención estuvo en la agenda de una llamada entre el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su par venezolano Yván Gil.