El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, cumple un mes fuera del foco público. Su última aparición fue el pasado 6 de marzo, cuando anunció una cooperación energética con Rusia.
14 días después, El Aissami renunciaría a su cargo tras descubrirse una trama de corrupción en Pdvsa. El monto del desfalco fue de 3.000 millones de dólares y los implicados eran allegados del exministro.
Según detalla Monitoreamos, el entorno de Tareck sería encarcelado como parte de una purga desatada en el régimen de Nicolás Maduro. Esta, presuntamente, intenta escenificar una operación anticorrupción.
Desde hace un mes no se tiene rastro del ahora exministro. Ese día se reunió en su despacho con el director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft, Igor Sechin.
A través de sus redes sociales divulgó fotografías del encuentro, donde se mostraba sonriente. En la reunión acordaron «seguir complementando nuestras potencialidades en petróleo y gas».
Pero tan solo 10 días después el régimen de Maduro anunció una operación de la hasta entonces desconocida Policía Nacional Anticorrupción. Fue así como uno a uno comenzaron a caer los más estrechos colaboradores de El Aissami.
El viernes 17 de marzo, se conoció del arresto de Joselit Ramirez Camacho, jefe de la Superintendencia de Criptoactivos.
Era señalado por el supuesto robo de 3.000 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano.
Las otras detenciones
Le siguió el diputado del PSUV por el estado Trujillo, Hugbel Roa. Detenido el domingo 19 de marzo, también investigado por hechos de corrupción en la industria petrolera.
Un día después, en la cuenta de Twitter de El Aissami se publicaron dos mensajes en los que se anunciaba su renuncia al cargo de ministro de Petróleo. El mismo que venía ejerciendo desde abril de 2020.
Esa misma noche Maduro realizó un encuentro con la dirección nacional del PSUV para abordar los escándalos. Aunque El Aissami es parte de la directiva del partido, no estuvo presente en la reunión.
Maduro declaró que El Aissami había «ratificado su condición de revolucionario» al dimitir a su cargo.
Al día siguiente, la Asamblea Nacional chavista aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Hugbel Roa para que sea juzgado por considerar que había cometido delito en «flagrancia».