Familiares de los privados de libertad recluidos en Boleíta, antiguamente conocido como la Zona 7 de la Policía Metropolitana, denunciaron el cobro de vacunas por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que custodian el recinto. Para ingresar comida a diario el familiar debe cancelar 4.000 bolívares, y si desean pasar 30 minutos con el detenido, el costo es de 40.000 bolívares.
“El dinero se le da al preso para que luego se lo entregue a un policía y este, a su vez, a su superior; esa es la cadena de mando dentro de los calabozos. El costo aumentó la semana pasada. Si quieres ver a tu familiar a diario, tienes que pagar”, expresó Ingrid Jaimes, madre de un detenido.
Las denuncia fue recabada ayer en la mañana en las afueras del recinto, denominado desde el año 2007 Centro de Reclusión de Privados de Libertad Boleíta, donde los parientes de reclusos aguardaron durante tres horas para ingresar a la visita, acción que fue interrumpida por una requisa a cargo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana, y también emplearon a la brigada canina antidrogas.
“El centro fue tomado a las 5:00 am para iniciar la primera requisa rutinaria del año, con previa autorización del Ministerio Público, Ministerio del Servicio Penitenciario y Defensoría del Pueblo. Los familiares no deben molestarse por la espera porque saben que es un procedimiento dentro de la ley”, indicó un comisionado que solo se identificó con el apellido Ruiz y es el subdirector nacional de la Policía Penitenciaria de la PNB. Agregó igualmente que solicitaron servicios de ambulancia para realizar chequeos médicos a los reclusos.
Informó que no se descartan otros procedimientos similares en otros centros de reclusión preventiva de la PNB, ubicados en La Yaguara, El Valle y San Agustín, que integran las sedes principales del Distrito Capital.
“En 2017 realizamos 26 procedimientos para recolectar objetos de interés criminalísticos, entre los que se encontraron hojillas, navajas, objetos metálicos o drogas”, indicó Ruiz.
Quejas. “Los que están allí dentro son nuestros familiares; no entendemos por qué no se nos informó sobre esa requisa”, dijo Yusmili Villarroel, que tiene a su hijo recluido desde diciembre de 2017.
Criticó que para una simple requisa actuaran funcionarios de las FAES. “Ese tipo de policías actúa en barrios, no en recintos pequeños”, dijo.
Representantes del colegio San Agustín, de El Marqués, se molestaron por la toma policial que rodeaba el sector, ya que el plantel se vio en la obligación de suspender las actividades escolares durante el día.
El Dato
683 internos habitan en el Centro de Reclusión de Privados de Libertad Boleíta. Algunos llevan más de 3 meses esperando por un traslado. Carlos Nieto Palma, presidente de la ONG Una ventana a la libertad, denunció que en los calabozos policiales hay 250% de hacinamiento: “Presos que conviven en condiciones inhumanas”. En la requisa incautaron celulares y cargadores, hojillas y cortaúñas. “Los funcionarios cobran para eso”, dijo María Martínez, tía de un detenido.