El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país.
La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia se comprometieron «a convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.
«Con la presencia de un fiscal del Ministerio Público y del juez competente, ya como una orden institucional estructural, avanzar en lo que implica la agilización de los procesos penales», explicó Saab sobre el plan, al término de una reunión junto al ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.
Este anuncio se produce un día después de que terminara un motín dentro de unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Aragua, con el que un centenar de presos mantuvo como rehenes a cuatro policías para exigir el fin de los «abusos» y denunciar el retardo en sus procesos judiciales.
Luego de dos días de secuestro, los reos liberaron, sanos y salvos, a los cuatro agentes, tras conseguir que un juez garantizara el traslado de varios de los detenidos hacia diferentes penales y la revisión de sus casos.
En abril, el gobierno informó que está acondicionando un conjunto de calabozos en Caracas para albergar a detenidos por cortos períodos de tiempo.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento en los calabozos policiales fue de 334,55% en 2022, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas allí recluidas.