Se cumple un año del asesinato de Carlos Manuel Tarazona, productor agropecuario de la localidad de Rubio, en Táchira, y defensores de derechos humanos, ex concejales, abogados penalistas y criminalistas presentaron un informe sobre la investigación realizada con relación a este hecho en el que se llega a la conclusión de que el productor fue asesinado por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
Walter Márquez, diputado a la Asamblea Nacional jubilado y presidente de la Fundación El Amparo, acompañado por Victoria Medina, mamá de Cocha, como era conocido, y de Marlene Mora y Danny Carrillo, ex concejales del municipio Junín, precisó que el informe de esta investigación fue aprobado por los legisladores municipales y la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal el 28 de noviembre de 2018.
“Tarazona fue asesinado por un escuadrón de la FAES y su muerte no fue producto de un enfrentamiento como lo afirmaron, sino de un ajusticiamiento. Está comprobado que estaba desarmado y el arma que le colocaron forma parte de un expediente de un arma hurtada hace más de 40 años y precisamente se la sembraron”, expresó.
“La FAES llegó sin orden de allanamiento, simularon un hecho punible de un enfrentamiento y hasta la fecha la Fiscalía tiene paralizada la investigación. Estamos en presencia de varios delitos: homicidio intencional, simulación de un hecho punible, apropiación indebida calificada de pertenencias familiares, el trato cruel inhumano y degradante al que fueron sometidos sus empleados”, subrayó.
Márquez destacó que ninguna de las acusaciones que hicieron en contra de “Cocha”, de que era contrabandista y paramilitar, han sido comprobadas ni hay autorización de ningún tribunal para que actuaran, por lo que se trata de un hecho punible y una agresión moral contra él y su familia.
Con información de nota de prensa.
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