En público, el oficialismo niega cualquier transición o entrega del poder pero hay hechos que confirman que, ante la pérdida del control, dejarán una especie de “minas” en instituciones del Estado para que el nuevo gobierno tenga problemas para operar. Una de ellas, es la reciente reforma de La Ley del Poder Popular, aprobada por la Asamblea Nacional y todo el paquete de legislaciones sobre dicho poder, la creación del Ministerio de la Tercera Edad, el control operativo de comandos en la Fuerza Armada Nacional por adeptos a Diosdado Cabello y la convivencia entre los poderes Judicial, Ciudadano, Electoral, afines al chavismo.
Antes de irse, de la entrega o huida de dirigentes del gobierno tratarán de afectar la candidatura de Edmundo González, al liderazgo de María Corina Machado y de cometer un fraude electoral, mediante el control de los centros de votación, con una sola mesa, por parte de la milicia nacional. Sin embargo, el panorama comicial luce difícil para la eventual reelección de Maduro y ya, no sólo Brasil y Colombia ya tienen listo el borrador para un “pacto democrático”, por lo que si antes no desplazan a Nicolás Maduro como candidato, y una eventual sustitución por Diosdado Cabello, tratarán de despojar a la presidencia de la República de sus atribuciones al imponer al Poder Popular por encima al declarada como “la máxima instancia”.
La Asamblea Nacional y el Poder Popular
La reforma sancionada el 28 de mayo incluye un nuevo capítulo, titulado Funciones, Competencias y Atribuciones del Poder Popular en el territorio, el cual establece las atribuciones de la Asamblea de Ciudadanos y contempla las transferencias de competencia de la Comisión Especial para la Transformación de las Leyes del Poder Popular a las comunidades organizadas que, no es casual, que estén bajo el control de la militancia del PSUV.
Desde el Parlamento se han cuidado de informar el “verdadero alcance y propósito” de la nueva ley: “Amarrar a los futuros gobernantes”, indicó un legislador oficialista, presente en los debates en la Comisión de Desarrollo del Poder Popular, cuyo nombre se mantiene en reserva. “La idea es generar caos, un enfrentamiento entre la militancia organizada y el nuevo gobierno”, alertó, al recordar el episodio del emperador Nerón, que promovió el Gran Incendio de Roma, en julio del año 64 d.C., tres meses antes de que cumpliera 10 años en el poder, para culpar a los católicos, mientras él observaba y tocaba la cítara, un instrumento de cuerda, similar al arpa llanera, pero más pequeña, pues puede colocarse sobre las piernas.
Nerón estuvo 14 años en el imperio romano y representó todo lo decadente sobre ese período: era autoindulgente, cruel y violento, señalan libros de historia.
En 2008, cuando Diosdado Cabello perdió la Gobernaciòn de Miranda, no sólo desvalijaron la sede gubernamental, la casa oficial del mandatario, destrozaron los vehículos, sino que dejaron las llaves sin identificar en una caja y sin un acta de entrega, de manera oficial y formal, como indican las leyes. ¿Pasará lo mismo en enero de 2025?
En VTV, el diputado del PSUV, Carlos Mogollón, dió algunas pistas: La ley intenta que el Poder Popular mantenga el control sectorial y territorial del país y la clave está en la relación entre las comunas y el Estado. “Los cinco poderes estarán subordinados al Poder Popular, bajo el principio del chavismo de ‘mandar obedeciendo’. Un gobierno obedeciendo, desde el portero de un ministerio”, dijo.
El oficialismo pretende que la nueva ley tenga un fin: “Desarrollar las bases jurídico-políticas para que el pueblo organizado ejerza y desarrolle en el territorio la función Ejecutiva, Legislativa, Moral, Judicial y Electoral”.
En el Capítulo IV se amplía y precisa los ámbitos de ejercicio del Poder Popular: planificación, economía, legislativo comunal, contraloría social, justicia comunal y se agregan “Ordenación y Gestión del Territorio”, comunicación popular, seguridad y defensa, elecciones en el poder popular y el papel del poder popular en el sistema internacional.
El Poder Popular podrá “participar en el diseño de las políticas, estrategias, lineamientos operacionales y tácticos para la Seguridad y Defensa de la Nación en el marco de la nueva Doctrina Militar Bolivariana”.
En el Capítulo V, versa sobre las relaciones del Poder Público con el Poder Popular. En la nueva ley se simplifican los trámites, el uso de medios electrónicos, la prohibición al Estado en solicitar nueva documentación. “La idea es que facilite, no obstaculice y burocratice el desarrollo y la consolidación del poder popular”, indicaron los legisladores en los debates de la Comisión de Desarrollo del Poder Popular.
Los deberes
La ley, que será promulgada por Maduro en el transcurso de la semana, contiene 35 artículos y busca darle atribuciones a las 3.600 comunas existentes, según el Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, en la discusión del presupuesto con el poder central, y su participación el sistema de defensa nacional, a través de la Milicia Nacional Bolivariana. Por ello, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, celebró el nuevo instrumento, sin dar mayores detalles, porque creen que replicarán lo ocurrido en 2008 en Miranda en todas las instancias gubernamentales y lucharán por afectar la futura gobernabilidad.
“Los únicos que garantizamos la paz somos nosotros”, han vociferado Maduro, Cabello y Rodríguez.
En el texto, que fue enviado a Miraflores para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, indica que el funcionario tiene “deberes con el Poder Popular». De esa manera, abren una puerta para transferir competencias al Poder Popular aunque, por ahora, no despojarán completamente las atribuciones, consagradas en la Constitución, al presidente de la República, establecidas en 27 artículos, porque implica hacer una reforma de la Carta Magna y los votos no les favorecen. En este caso, señalan, aplicarán el artículo 184: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”.
El Parlamento chavista tiene en agenda otras reformas, relacionadas al Poder Popular: la Ley Orgánica de este poder, la Ley Orgánica de Comunas y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, así como reforma del Proyecto de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencia, Servicios y Otras Atribuciones.
Por primera vez, se incluye una prohibición expresa para que las organizaciones del Poder Popular reciban subvenciones, préstamos, créditos o donaciones de recursos económicos y financieros de potencias extranjeras, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales extranjeras, funcionarios gubernamentales de otros países, personas naturales de cualquier nacionalidad que atenten contra la seguridad de la Nación o personas jurídicas extranjeras. “Hay que garantizar la integridad soberana de la nación”, alegan.
Lo que dice la Constitución
Soberanía Popular
Artículo 12. “Las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas, el autogobierno comunal instancias del Sistema Nacional de Agregación Comunal del Poder Popular, ejercen la soberanía popular en el territorio y sus decisiones tienen preeminencia sobre los demás órganos y entes del Poder Público de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes. Las funciones, competencias y atribuciones del Poder Popular en el territorio señaladas en la presente ley, tienen carácter eminentemente enunciativo”.
Transferencia de competencias
Artículo 15. “Los entes y órganos del Poder Público y las entidades político territoriales, de acuerdo con la ley que rige el proceso de transferencia y descentralización de competencias, administración y gestión de servicios, bienes, recursos y otras atribuciones, trasferirán a las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas surjan, funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras atribuidos a aquéllos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo”.
Del proceso de transferencias de competencias al Poder Popular
Artículo 17. “Sin menoscabo de las competencias ya transferidas al Poder Popular, una vez constituidas las Instancias del Sistema Nacional de Agregación Comunal se le transferirán las competencias y atribuciones de administración, gestión de bienes y recursos necesarios para brindar los servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras, prestación de servicios públicos y cualquier otra competencia. La ejecución de las Grandes Misiones y Misiones en las entidades político territoriales serán transferidas a las Instancias de Sistema Nacional de Agregación Comunal del Poder Popular de conformidad con la ley en materia de transferencias de competencias”.
Las relaciones entre el Poder Popular y el Estado
Artículo 42. “El Estado en sus relaciones con el Poder Popular, como el titular del poder originario, propenderá a la construcción del Estado Comunal y el Socialismo Bolivariano. Las relaciones del Estado y el Poder Popular se rigen por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en el marco del sistema de justicia federal y descentralizada que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz y el bien común, consagrados en la Constitución”.
En otro punto establece que el Estado debe garantizar formas de organización comunitaria y comunal legalmente constituidas, y en especial las atribuciones y competencias del autogobierno, mediante la transferencia desde distintos entes.
“Las bases para el impulso de la economía comunal estarán centradas en el trabajo asociado, a fin de promover los ‘valores y principios ecosocialistas’ con respeto a las distintas formas de vida. También busca contribuir en las políticas de Estado en todas las instancias, con la finalidad de actuar de manera coordinada en la ejecución del Plan de la Patria”.