El diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, respaldó -en representación de la bancada de la Alianza Democrática- el proyecto de acuerdo presentado en la plenaria del Parlamento, en respaldo al memorándum de entendimiento firmado entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karin Khan y Nicolás Maduro.
En su intervención durante la sesión ordinaria del Parlamento, el legislador reconoció como favorable la contribución del Ejecutivo. Sin embargo, reprochó el estado del sistema de justicia venezolano que obliga a organismos internacionales a tomar decisiones en materia nacional.
El representante del estado Nueva Esparta dejó constancia que el mismo Ministerio Público (MP) designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sigue teniendo vicios tan graves como el que encabezaba Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal general de la República. A esta también la tildó de corrupta.
A su juicio, esto deja en franca evidencia el deterioro del sistema de justicia nacional.
«Venezuela no está concediendo ningún espacio a la CPI. Es el propio Estado que ha decidido someterse a jurisdicción internacional. Esto es por la ausencia de justicia en Venezuela. Es una excelente señal el sometimiento a la justicia internacional para que cualquier ciudadano del mundo pueda venir a verificar la situación de derechos humanos en Venezuela», suscribió.
Ronderos insistió en que si la justicia nacional no hace la función a la que está obligada en materia de derechos humanos, la justicia internacional prevalecerá. «La violación de derechos humanos es perseguible en cualquier parte del mundo». Esto reiterando que sí cree en la justicia internacional como complemento de los órganos nacionales.
Venezuela ante los ojos del mundo
Por otra parte, Ronderos celebró la apertura que supone que las próximas elecciones previstas para el venidero 21 de noviembre cuenten con la convalidación de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Parlamento del Mercosur.
Subrayó que el país y sus ciudadanos tienen derecho a vivir una democracia limpia. «Bienvenido el acuerdo de entendimiento en el que el Estado se compromete a colaborar con los fines de la corte», puntualizó.
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