Las autoridades de Chile creen que la Embajada de Venezuela en Santiago sirvió como base de operaciones para agentes de contrainteligencia vinculados al régimen de Nicolás Maduro que tendrían implicación en el secuestro y asesinato del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero del año pasado. La sospecha surgió en el contexto de la investigación.
Ojeda, exteniente del Ejército venezolano, vivía en Chile bajo asilo político luego de haber sido declarado traidor por el régimen chavista. En la madrugada del 21 de febrero de 2024, cinco hombres disfrazados de policías irrumpieron en su apartamento, lo sacaron a la fuerza frente a su familia y lo secuestraron.
Nueve días después, su cuerpo apareció en una maleta enterrada bajo concreto en un barrio controlado por la organización criminal el Tren de Aragua. Una autopsia determinó que murió por asfixia.
Durante la investigación, un alto funcionario chileno reveló a The New York Times que existen pruebas que vinculan a la embajada venezolana con actividades de contrainteligencia en Chile. Se cree que agentes venezolanos han operado desde esa sede diplomática para vigilar, infiltrar y posiblemente coordinar acciones contra disidentes en el país.
El uso de embajadas para operaciones encubiertas no es una práctica nueva en regímenes autoritarios.
En el caso de Venezuela, señala el medio neoyorquino, exfuncionarios desertores del chavismo han denunciado la existencia de redes de espionaje en el extranjero, con embajadas funcionando como centros de monitoreo y coordinación. En Santiago, la sospecha se intensificó luego de que la investigación identificó presuntos contactos entre personas vinculadas a la sede diplomática y miembros del Tren de Aragua.
19 imputados por el asesinato de Ronald Ojeda, 3 de ellos del Tren de Aragua
Fiscales chilenos han imputado a 19 personas por su presunta participación en el asesinato, entre ellas miembros del Tren de Aragua. Testimonios clave en la investigación señalan que el grupo delictivo recibió órdenes directas del chavismo para ejecutar el crimen.
Un testigo aseguró que Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, autorizó la operación.
El régimen de Maduro negó cualquier implicación y calificó las acusaciones de falsas.
El caso elevó la tensión entre ambos países. Venezuela ordenó el cierre de los consulados de Chile en su territorio y suspendió las relaciones diplomáticas. En respuesta, el presidente chileno Gabriel Boric advirtió que, de comprobarse la implicación del régimen venezolano, se trataría de una violación de la soberanía de Chile y de los derechos humanos.