Rick Scott, senador por el estado de Florida, reiteró este martes sus críticas a la postura que ha asumido el gobierno de Joe Biden con respecto a Venezuela, por lo que lo instó a tomar medidas firmes contra el gobierno de Nicolás Maduro.
«Mientras la administración Biden continúa dando excusas, prórrogas y concesiones a Nicolás Maduro y su régimen genocida, este sigue matando, persiguiendo y atacando a su propio pueblo», escribió en un mensaje publicado en X.
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Scott agregó que el gobierno de Maduro pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región.
«¡Ya basta! Biden debe responsabilizar al régimen de Maduro hoy. ¡No más excusas!», reiteró.
La reacción de Scott se generó luego de las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, quien aseguró que desde la administración de Joe Biden «están profundamente preocupados» por la detención de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien este miércoles cumple cinco días privada de libertad.
Mientras la administración Biden continúa dando excusas, prórrogas y concesiones a Nicolás Maduro y su régimen genocida, este sigue matando, persiguiendo y atacando a su propio pueblo y poniendo en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región. ¡YA… https://t.co/NS9TYmPh2t
— Rick Scott (@SenRickScott) February 13, 2024
La detención de la activista venezolana encendió las alarmas de la comunidad internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos que condenan la acción y exigen la liberación de la también abogada.
San Miguel fue presentada este lunes ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, junto a cinco personas más, entre ellos, dos hermanos, su hija, el padre de esta, y una expareja, todos reportados como «desaparecidos» por sus abogados.
El jurista José González Taguaruco, parte del equipo de defensa de la también abogada, informó ayer que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, fueron excarcelados con «prohibición de salida del país» y «de declarar a los medios».
En cambio, confirmó la privativa de libertad contra la defensora de derechos humanos y contra Alejandro José González Canales, expareja de la activista.