De las 110.000 personas recluidas en los centros de detención preventiva –calabozos militares o policiales- en el país, 77.000 no han podido demostrar su responsabilidad o culpabilidad en la comisión de un delito. Por lo que no existe una sentencia definitivamente firme que así lo declare y trae como consecuencia el retardo procesal.
A juicio de Leonardo Rodríguez Angola, abogado penalista y defensor de los Derechos Humanos, lo anterior obedece a dos factores: la corrupción policial y jurídica.
Las causas
La primera categoría está asociada a los medios para la prestación del servicio. Como lo es el caso de estructuras insuficientes para el funcionamiento de los tribunales. Asimismo, la carencia de equipos y materiales para el procesamiento de los expedientes. También se incluye la insuficiencia de funcionarios capacitados en los tribunales.
“La corrupción policial está asociada a situaciones de extorsión por parte de los cuerpos policiales, que negocian con los detenidos o sus familiares. Esto ocurre cuando cobran en dólares para llevarlos a tribunales”, dijo Rodríguez Angola.
“Esos 77.000 detenidos, representan 70% de una población que espera por juicio y por ello deben permanecer en centros de detención preventiva, como los calabozos policiales».
El segundo aspecto que influye en el retardo procesal, según Rodríguez Angola, es la corrupción judicial. «Si no pagan, no son trasladados a los tribunales. El imputado tiene que acceder a la extorsión de un sistema que debería garantizar su traslado», dijo. Por lo que «se corresponde con el alto índice de diferimiento de las audiencias, por la ausencia del imputado -la mayoría de las veces-, para poder llevarlas a cabo”.
Centros de detención congestionados
Agregó: “Para descongestionar algunos centros de detención preventiva, se trasladan a estos detenidos a instituciones fuera de la región donde deberían estar. Es mucho más difícil acceder a las audiencias en los tiempos fijados por el tribunal, ya que se encuentran fuera de la región donde deberían estar detenidos. Este sistema judicial no entiende que la mayoría de los detenidos viene de sectores populares de recursos económicos bajos y necesita conseguir dinero para pagar la extorsión. Los familiares se ven en la necesidad de incurrir en nuevos actos delictivos para poder pagar las exigencias del sistema de justicia”.
Finalmente, el abogado indicó que “el retardo procesal permite la sobrevivencia de un sistema que es anómalo y que desvirtúa los principios que rigen el proceso judicial en un país democrático. La libertad tiene un costo y la celeridad procesal también”.
Las declaraciones se ofrecieron este jueves durante la presentación del informe de la ONG Una Ventana a La Libertad, sobre el retardo procesal en Venezuela.
Rosibel Cristina González
@RosibelCGV
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