El Reino Unido criticó la desmejora de las condiciones de las elecciones municipales y regionales del pasado 21 de noviembre.
La Cancillería británica señaló que pudo haber algunas mejoras, como la participación de más partidos opositores, pero advirtió que “está claro que las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas cayeron muy por debajo de los estándares requeridos”.
“Los candidatos de la oposición fueron descalificados arbitrariamente, los recursos estatales se canalizaron y el acceso a los medios se sesgó a favor del régimen de Maduro”, dijo Reino Unido en un comunicado publicado por la Cancillería.
También recordó que el Tribunal Supremo de Justicia intervino de manera inapropiada y politizada la gestión de los partidos de la oposición. “Siguen existiendo graves deficiencias estructurales que deben abordarse”, subrayó el gobierno británico.
Sin embargo, elogió los esfuerzos de los partidos opositores y los candidatos que participaron, a pesar de las desventajas y las dificultades que enfrentaron.
“Aplaudimos el compromiso con la democracia demostrado por todos los votantes y la valentía de quienes votaron por candidatos de la oposición a pesar de los riesgos”, afirmó la institución.
Por último, Reino Unido dijo que una transición democrática a través de elecciones justas es fundamental para ayudar a poner fin a las múltiples crisis del país. “Instamos al régimen a que vuelva a dialogar con la oposición rápidamente y de buena fe”, concluyó la Cancillería.
Las denuncias de Reino Unido coinciden con las registradas por la Misión de Observación Electoral de la UE, como la falta de independencia judicial o el uso de recursos públicos durante la campaña.
Isabel Santos, jefa de la misión, indicó que la campaña estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado y, pese a que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no sancionó las infracciones que se cometieron.
Señaló que en el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos, así como el control de sus símbolos y de la tarjeta electoral.
Agregó Santos que las leyes de los medios de comunicación y las amplias disposiciones legales sobre los delitos de odio obstaculizaron la libertad de expresión y el derecho a la información.