Casi tres años después se concretó la instalación de una oficina en Caracas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), paso considerado único pero que no interfiere en la investigación en curso por crímenes de lesa humanidad.
En 2021, el gobierno de Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento en el que ambas partes se comprometían para avanzar en la instalación de esa sede.
¿Cuáles serán las atribuciones de la oficina?
«Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela», dijo Khan este lunes en el Parlamento venezolano en reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Esta oficina, de la que no se sabe la fecha de inauguración, será de asistencia técnica para las instituciones de justicia del Estado, mas no para recibir denuncias ni atención a las víctimas. Para eso sigue la investigación en La Haya por el caso Venezuela I.
Es la primera vez que una sede de este tipo se instala en un país. No es una oficina de la Corte, es netamente de la Fiscalía.
Por ejemplo, en la República Centroafricana hubo oficinas instaladas pero de la Corte, no de la Fiscalía, por lo que sería prematuro hablar específicamente del funcionamiento, primero porque ni el fiscal Khan ni el gobierno venezolano han presentado detalles, algo que fue criticado en Venezuela.
“La oficina no viene a investigar solo viene a dar capacitación técnica, asesoría en temas legislativos, mejores prácticas”, explica a EL TIEMPO, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Daniels lamenta la “la ausencia de una política comunicacional por parte de la Fiscalía durante su visita a Caracas” debido a que no se conocieron los detalles del proceso de la oficina.
“Pedimos a la CPI que tenga una política de comunicación más abierta, transparente. La ausencia de información afecta la imagen de la Fiscalía, aunque estamos convencidos de su transparencia”, manifestó Daniels.
La investigación
El 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela, específicamente durante las manifestaciones de 2017.
El caso Venezuela I señala al Estado de la muerte de varias personas, además de tratos crueles e inhumanos que incluyen torturas de índole sexual, durante las protestas contra Maduro.
La CPI reconoce que si bien el país ha tomado “algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total.
«Creo que hay unidad en una verdad central: que las oscuras nubes de sospecha sobre las acusaciones no se disiparán sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles», apuntó Khan.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le dijo a Khan que el país ha tenido «grandes avances» en derechos humanos. Desde 2017, aseguró, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos.
De estos, 1.021 agentes «se encuentran presos», 580 han sido condenados y otros 524 tienen órdenes de aprehensión, detalló Saab.
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