En el barrio 23 de Enero, en Caracas, colectivos simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro marcaron casas de quienes tocaron cacerolas en protesta por los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La noticia fue confirmada por una fuente a El Nacional. Las viviendas pertenecen al territorio La Piedrita, que es el colectivo dirigido por Valentín Santana, uno de los más grande y con más poder del 23 de Enero.
«Son demasiadas casas. Eso indica que hay un gentío en contra del gobierno en la propia área de los colectivos», sostiene.
Las viviendas quedaron marcadas con una x en color negro. De esta forma les prohíben protestar a los vecinos, incluso desde sus casas, bajo amenazas de ir a buscar a los manifestantes y secuestrarlos. «Tun tun. Tipo nazis, marcan las casas con una x», se escucha decir a una persona que grabó un video en el sector 23 de Enero.
En esta zona popular de Caracas, donde reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez, las cacerolas resonaron con fuerza en rechazo a la proclamación de Maduro como presidente reelecto, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara las actas escrutadas.
Este hecho se suma un patrón de represión en contra de las protestas en defensa de la soberanía vopular que, según las actas obtenidas por la oposición, le dan triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia.
Agresión en paralelo a la Operación Tun Tun
La marcación de viviendas de protestantes ocurre en paralelo a la denominada Operación Tun Tun, denunciada por opositores, que ha dejado miles de detenciones arbitrarias en el país después de las elecciones.
Algunos organismos que participan en las aprehensiones son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En las redes sociales, estos cuerpos de seguridad han compartido videos o fotos de este operativo, que empezó a sonar en 2017 por parte de Diosdado Cabello.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha publicado contenidos en los que afirman que este operativo seguirá. Además, piden que no haya «lloradera» con los detenidos. Esto como una práctica para intimidar a la población.
En esta represiva, en las que se han suspendido de facto las garantías constitucionales, de acuerdo con algunos defensores de derechos humanos, han sido asesinados más de 20 ciudadanos y detenidos arbitrariamente más de 2.000.