Vecinos y propietarios pidieron a las puertas del edificio Santa Gemma, en la calle Ciudad Universitaria de la parroquia San Pedro, el desalojo de un local comercial que fue invadido hace pocos días. Algunas mujeres, apoyadas por colectivos armados y funcionarios del Cicpc, rompieron los candados y tomaron a la fuerza el inmueble.
Los manifestantes denunciaron que este año van más de 60 intentos de invasiones, más de la mitad de estos contra comercios, todo bajo la mirada cómplice de los cuerpos de seguridad del Estado.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, relató cómo el sábado pasado, en horas de la noche, colectivos aliados con mujeres y efectivos del Cicpc entraron a la fuerza a un comercio en el edificio Santa Gema de Los Chaguaramos. Detalló que incluso al llegar el dueño del inmueble los funcionarios, en vez de apoyarlo, se lo llevaron detenido.
«Inaudito como en Venezuela se llevan presa a una persona de la tercera edad por el delito de defender su propiedad, mientras los invasores siguen libres robándose el edificio, el cual es fruto de años de trabajo», dijo.
Registraron 3.393 protestas durante el primer semestre de 2021 en Venezuela
«En el edificio Santa Gemma, por ejemplo, la Fiscalía le dijo a los dueños que no pueden hacer nada. La PNB se niega a restablecer el orden desalojando a los invasores. Es importante revelar que detrás de la toma ilegal del local está el diputado a la Asamblea Nacional elegida en 2020 Rigel Sergent. El sujeto es uno de los cabecillas de las invasiones de colectivos en el norte de Caracas usando su militancia en el PSUV como escudo», agregó.
Sin Estado de derecho
El luchador social detalló que 59% de las invasiones en 2021 ha sido contra comercios, aprovechando que muchos se encuentran cerrados dada la crisis económica o la cuarentena.
«Queremos denunciar la existencia de un negocio oscuro de enchufados aliados a colectivos para apoderarse ilegalmente de locales, para luego alquilarlos o venderlos en divisas, tratando de lavar capital producto de la corrupción», aseguró Rojas.
Lucio Cammardella, propietario del establecimiento comercial invadido en las residencias Santa Gemma, contó: «Funcionarios del Cicpc me arrojaron al piso, me esposaron, me llevaron detenido como a un delincuente a la sede de Santa Mónica y allí me tuvieron por más de 10 horas para apartarme del local y que los invasores pudieran cambiar los candados y apoderarse de él».
Cammardella relató además que denunció el caso ante la Fiscalía, el Cicpc y la PNB por los malos tratos que recibió de los funcionarios, pero los agentes, en lugar de hacer cumplir la ley y efectuar el desalojo de los invasores, le dijeron que solo podían mediar.
Con información de nota de prensa.