Los 20 presos políticos que fueron excarcelados recientemente a cambio de la liberación de Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro por la justicia de Estados Unidos, se muestran aliviados por volver a casa, pero con la incertidumbre de encontrarse en un limbo jurídico.
Varios de los detenido canjeados fueron excarcelados luego de haber afrontado duras penas en calidad de sentencia firme, de hasta 16 años de prisión. En la mayoría de los casos, acusados de los delitos de terrorismo, sedición y traición a la patria. Actualmente, desconocen cuál es su estatus jurídico y cuáles son los límites de las medidas sustitutivas que les han otorgado, de acuerdo con lo reseñado por el medio español El País.
En medio del regocijo por el inesperado regreso a casa, los presos políticos recién liberados tienen muy presente que se han convertido en moneda de cambio en medio de un acuerdo marco que los sobrepasa, y por eso tienen, con frecuencia, renuencia a contar sus historias.
«Hay unos 20 prisioneros que han podido salir en el acuerdo que ha permitido liberar a Alex Saab», explicó a El País el abogado Alonso Medina Roa, especializado en derechos humanos, involucrado en este proceso.
En todos ellos, continuó, existe una «enorme incertidumbre» sobre su condición procesal y el futuro que les espera. «No ha existido claridad en los tribunales. Por los caminos verdes nos hemos enterado de que tienen un régimen de presentación, cada 15 días«, dijo. De esto, los defensores de derechos humanos tienen previsto ocuparse este mes, una vez padasas las festividades decembrinas.
Con la convincción de salir
Un dirigente estudiantil que ha preferido no identificarse y que conoció esta medida de gracia después de afrontar duras condiciones de reclusión, asegura que, pesar de la sentencia, siempre tuvo la convicción de que iba a salir.
«Me puse como meta 2025 con la concreción del ciclo electoral», indicó al medio español, con el que conversó sobre su vida en prisión. Explicó que todo es cuestión de dinero. «Lo que uno necesite se lo tiene que pagar a los guardias, a los custodios. Estuve detenido en La Yaguara con presos comunes, con ellos me llevé algunas sorpresas porque pudimos organizarnos. Fui torturado en interrogatorios, aunque debo decir que a posteriori el trato ya no fue hostil«, expresó.
El criterio usado por el gobierno de Nicolás Maduro para liberar presos en detrimento de otros no tiene coherencia, para el abogado Joel García. El defensor de algunos de los detenidos mencionó que actualmente existen uno 300 presos políticos, entre civiles y militares. En octubre salieron cinco de ellos, dos de ellos defendidos por García, Roland Carreño y Juan Requessens.
En diciembre sale otro grupo, en el se encontraban los 10 estadounidenses liberados, junto a los seis dirigentes sindicales condenados por conspiración. Y el 23, en vísperas de Navidad, continuó el abogado, fue excarcelado John Álvarez.
«Muchos otros presos estaban esperanzados de medidas para ellos, pero no hay nada concreto sobre futuras liberaciones. No obedece al tiempo de reclusión ni a la gravedad de los casos», apuntó García. Asegura, además, que en los corrillos circundantes de este caso, se comenta que en el mediano plazo podría estar planteada la liberación de unas 15 o 20 personas más.
«No le tengo miedo al gobierno»
«Fui hecho prisionero por razones de persecución política. No le tengo miedo al gobierno. Venezuela vive una dictadura disfrazada de democracia», señaló Néstor Astudillo, no de los dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de prisión por terrorismo a El País.
Este prisionero, que sí quiso dar su nombre, pasó cuatro meses detenidos con presos comunes.
Al ser sentenciado, junto a cinco sindicalistas, acusados todo de terrorismo, el pasado mes de agosto, el fiscal general, Tarek William Saab, justificó la medida. Personas como Astudillo, presuntos dirigentes sindicales de acuerdo a la prensa, «ni están inscritos en el seguro social como empleados, ni pertenecen a sindicato alguno, ni laboraron jamás como lucha sindical, ni presentaron esas evidencias supuestamente de ser líderes sindicales en el propio juicio», dijo.
Sobre su detención, Astudillo contó al principio fue llevado a uno de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «Estuve en unos calabozos subterráneos al comienzo, aislado. No me pegaron, pero ese es un centro clandestino y sé de otros presos políticos que sí han torturado, como el capitán Acosta Arévalo», indicó.
«Los presos comunes son extorsionados, maniatados. No nos agredieron físicamente, pero se violan derechos, se cobra el agua, la luz del sol, se paga por todo, no se garantiza la alimentación, todo hay que pagarlo. El sistema carcelario en Venezuela está privatizado de facto”», enfatizó.