El tribunal que lleva el caso por «terrorismo» contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel pospuso este lunes por tercera vez el inicio del juicio, esta vez alegando medidas gubernamentales de «ahorro energético», según constató la AFP.
La audiencia, ya aplazada en dos ocasiones por la «falta de traslado» de la activista al Palacio de Justicia de Caracas, fue cancelada cerca del mediodía. Funcionarios judiciales informaron a familiares y abogados que el juicio no podría realizarse debido a una política de reducción de consumo eléctrico en oficinas públicas, implementada recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro ante una seria sequía.
San Miguel, de 58 años de edad y con doble nacionalidad venezolana y española, lleva 13 meses detenida acusada de participar en una supuesta operación para asesinar a Nicolás Maduro. La nueva fecha para el juicio fue fijada para el 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y regionales en el país.
La detención de Rocío San Miguel
La experta militar y directora de la ONG Control Ciudadano permanece recluida en El Helicoide, la sede del servicio de inteligencia venezolano (Sebin), señalada por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas.
Fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a salir del país junto con su hija, Miranda Díaz, de 25 años de edad. Esta última fue liberada bajo régimen de libertad condicional, mientras que el expareja de San Miguel, un militar retirado, también está detenido por el mismo caso.
Falta de atención médica
Sus abogados denuncian que la activista padece una lesión no tratada en un hombro por fractura y que solo puede recibir visitas de su hija. Además, destacan que sus defensores de confianza no han podido juramentarse como sus representantes legales, por lo que el caso está en manos de la defensoría pública, acusada de actuar en coordinación con la Fiscalía.
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