Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y representante legal de las víctimas de deportaciones forzosas en la frontera colombo-venezolana, dijo que la reanudación de la investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) es inminente. Eso en virtud del informe del fiscal Karim Kam, quien el 30 de marzo manifestó que los crímenes ocurridos en Venezuela ameritan investigación y enjuiciamiento.
Márquez agregó que a ello se suma el informe de la sección de víctimas de la Secretaría de la CPI, en la que 8.900 víctimas piden continuar con la investigación. Destacó que las victimas denunciaron que en Venezuela no hay una recta administración de justicia porque existe una grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Investigación de la CPI
“En este panorama la respuesta del gobierno ha sido calificar que hay una guerra judicial. Y ahora de manera insólita pretenden incluir en la negociación en Bogotá la suspensión de la investigación de la Corte Penal Internacional. Este es un hecho inaudito, reprochable, que requiere una respuesta de todas las ONG y de las víctimas”, expresó Márquez.
Remarcó que «la investigación de la CPI es innegociable». «Quien a nombre personal pretenda arrogarse la representación de las víctimas, no solamente forma parte de una operación de encubrimiento, sino que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela».
Añadió que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación, a indemnización, a la no repetición y a la justicia, de acuerdo con resolución de Naciones Unidas, tratados internacionales, la Constitución de Colombia y la Constitución de Venezuela.
«Debe continuar la investigación, enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Empezando por Jorge Rodríguez, que lo está proponiendo en nombre del gobierno, porque él forma parte de la cadena de mando de las personas denunciadas por seis jefes de Estado el 27 de septiembre de 2018. Lo que ha sido la base para que Karim Kam abra la averiguación”, dijo Márquez.
Deportación de Guaidó
Se refirió a la expulsión de Juan Guaidó de Colombia. Indicó que se trata de una deportación forzosa y de una agresión de parte del gobierno de Gustavo Petro a un dirigente opositor venezolano. Consideró que eso pone de manifiesto que el jefe de Estado colombiano «no es un mediador en el conflicto de Venezuela, sino que es un representante de Nicolás Maduro».
«Juan Guaidó ahora no solamente es perseguido en Venezuela, sino también en Colombia. Por lo cual Gustavo Petro deja de ser un mediador para convertirse en el representante de Nicolás Maduro. Y el propio canciller (Álvaro) Leiva pretende justificar la deportación forzosa de la que fue víctima Guaidó hacia Estados Unidos», señaló.
Márquez insistió en que Guaidó como perseguido político tiene pleno derecho de pedir asilo en Colombia o en cualquier parte del mundo.
«En esa cumbre para negociar la democracia venezolana también está ausente María Corina Machado. Y el hecho de que se esté intentando decidir quiénes son los representantes de la oposición venezolana, de acuerdo con los intereses de las autoridades de Colombia, es reprochable. Por lo tanto, esa negociación está condenada al fracaso», dijo.