Mientras en los países de América Latina se trabaja en mejorar los planes y la lucha contra la corrupción, en Venezuela se volvió “al Estado predemocrático de indefensión ante un grupo poderoso que utiliza con discreción el Estado y sus instituciones, adaptando las leyes y hasta la Constitución a sus requerimientos de poder”, destaca Transparencia Venezuela en su Informe Anual de Corrupción 2017.
La ONG señala que la creación de la asamblea nacional constituyente terminó de destruir la independencia y autonomía entre los poderes.
“El drama de Venezuela es que la corrupción está institucionalizada. Frente a este mal, que minó la estructura de los órganos de justicia y de control en nuestro país, el compromiso es enorme, pues no basta con decisiones de gobierno a nivel local, regional ni siquiera nacional. Necesita de un esfuerzo que traspase las fronteras”, añade.
Transparencia Venezuela insiste en que no se trata solo de manejos irregulares o trampas que se registran también en muchos de los países de la región. Y caracteriza la situación venezolana: participan funcionarios de alto nivel, los casos de corrupción impactan a grandes sectores de la población, los mecanismos de corrupción traspasan las fronteras, tienen vínculos con redes internacionales y logran impunidad absoluta gracias al control que ejercen sobre el sistema de justicia.
En el informe de 206 páginas se analizan los casos de corrupción de mayor resonancia en 2017, siendo el más emblemático el de Odebrecht. “… Hay acusaciones, sin respuesta ni investigación conocida, de soborno a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente, por millones de dólares, que sospechamos son muchos más de los confesados en Nueva York, para obtener tratos favorables en contrataciones públicas”.
Odebrecht se encargó en el país de más de 30 contratos de grandes obras por un monto aproximado de 30 millardos de dólares. Transparencia Venezuela asegura que el daño causado a los venezolanos se evidencia, más allá de los sobornos y sobreprecios, “en las obras de envergadura que no se construyeron”.
La ONG recalca que el manejo de los recursos públicos está signado por la discrecionalidad y la corrupción: “El sector oficial se apropió de ellos y los maneja a su antojo según sus conveniencias políticas y apoyos incondicionales. En este país manda el régimen sin ningún tipo de control”.
En el documento también se dedican capítulos a la acción de la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, desactivada como Parlamento, y al papel de los militares.
Transparencia subraya que en el gobierno de Nicolás Maduro “la publicación de información es la excepción y la norma es la opacidad y el silencio gubernamental”.
Mientras en los países de América Latina se trabaja en mejorar los planes y la lucha contra la corrupción, en Venezuela se volvió “al Estado predemocrático de indefensión ante un grupo poderoso que utiliza con discreción el Estado y sus instituciones, adaptando las leyes y hasta la Constitución a sus requerimientos de poder”, destaca Transparencia Venezuela en su Informe Anual de Corrupción 2017.
La ONG señala que la creación de la asamblea nacional constituyente terminó de destruir la independencia y autonomía entre los poderes.
“El drama de Venezuela es que la corrupción está institucionalizada. Frente a este mal, que minó la estructura de los órganos de justicia y de control en nuestro país, el compromiso es enorme, pues no basta con decisiones de gobierno a nivel local, regional ni siquiera nacional. Necesita de un esfuerzo que traspase las fronteras”, añade.
Transparencia Venezuela insiste en que no se trata solo de manejos irregulares o trampas que se registran también en muchos de los países de la región. Y caracteriza la situación venezolana: participan funcionarios de alto nivel, los casos de corrupción impactan a grandes sectores de la población, los mecanismos de corrupción traspasan las fronteras, tienen vínculos con redes internacionales y logran impunidad absoluta gracias al control que ejercen sobre el sistema de justicia.
En el informe de 206 páginas se analizan los casos de corrupción de mayor resonancia en 2017, siendo el más emblemático el de Odebrecht. “… Hay acusaciones, sin respuesta ni investigación conocida, de soborno a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente, por millones de dólares, que sospechamos son muchos más de los confesados en Nueva York, para obtener tratos favorables en contrataciones públicas”.
Odebrecht se encargó en el país de más de 30 contratos de grandes obras por un monto aproximado de 30 millardos de dólares. Transparencia Venezuela asegura que el daño causado a los venezolanos se evidencia, más allá de los sobornos y sobreprecios, “en las obras de envergadura que no se construyeron”.
La ONG recalca que el manejo de los recursos públicos está signado por la discrecionalidad y la corrupción: “El sector oficial se apropió de ellos y los maneja a su antojo según sus conveniencias políticas y apoyos incondicionales. En este país manda el régimen sin ningún tipo de control”.
En el documento también se dedican capítulos a la acción de la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, desactivada como Parlamento, y al papel de los militares.
Transparencia subraya que en el gobierno de Nicolás Maduro “la publicación de información es la excepción y la norma es la opacidad y el silencio gubernamental”.