La nueva Constitución que, según Hermánn Escarrá, adelanta la ANC se elabora de espaldas al país en un proceso contrario a los principios de la democracia participativa y protagónica. En esta afirmación coinciden constitucionalistas que advierten que una nueva carta magna no debe significar un retroceso en el respeto a los derechos humanos.
Luis Alfonso Herrera, constitucionalista, dijo que la propuesta difundida por Escarrá “va en contra del concepto moderno de Constitución, según el cual esta existe para limitar el poder estatal mediante el Estado de Derecho y garantizar la libertad individual, no necesariamente para incrementar derechos lo que puede ser, incluso, contrario a esos objetivos, si implica dar más poder al Estado. La estructura comunal del chavismo es centralista y elimina la elección mediante el voto de cargos públicos, la reelección presidencial permite la concentración y perpetuación del poder en las mismas manos”.
Herrera enfatizó que una carta magna no es un código penal, ni tiene potestad para crear tipos penales ni extremar medidas en el caso de delitos como el de la traición a la patria.
“Pero a los integrantes de la tiranía chavista eso no les importa; para ellos la Constitución es lo que les permita reprimir, violar derechos humanos, perpetuarse en el poder y gozar de impunidad. Lo que buscan claramente es crear más miedo entre quienes resisten la tiranía cruenta, y facilitar su secuestro y eventual eliminación mediante torturas o desaparición”, dijo.
Afirmó que el debate sobre la duración del período presidencial, y debido a que la reelección está establecida en la Constitución de 1999, “solo debe ser relevante dentro de las facciones y mafias chavistas, interesadas en que alguno de sus miembros suceda a Maduro”. Escarrá dijo que se analiza un período de entre 4 y 7 años.
Herrera cree que el trasfondo es “la consolidación del proyecto totalitario que el chavismo, con instrucciones del castrismo, necesita adoptar para acelerar su destrucción de Venezuela y el control más cruel de la población”.
El constitucionalista Juan Manuel Raffalli indicó que es difícil analizar un texto que se “cocina” a puerta cerrada y sin debates. Señaló que la información que se ha difundido “es una colcha de retazos o un cobija de parches”, sin que haya claridad sobre una nueva carta magna.
“Independientemente de que sea una propuesta de Hermánn Escarrá, o de otro constituyente, el asunto es que no se conoce lo que debate la ANC. No puede trabajarse una Constitución con una sola visión. Además, este aspecto contraría las mismas bases comiciales de la ilegal constituyente”, agregó.
Cree que el texto que ha circulado es una suerte de Frankenstein que condensa la fallida reforma constitucional de 2007 y aspectos del plan de la patria, entre otros enfoques que el gobierno ha insistido en imponer.
Sin reglas claras. Pedro Afonso del Pino, también constitucionalista, rechazó que para las leyes se exija la consulta popular y no se aplique este proceso en el caso de una nueva carta magna. Afirmó que el silencio sobre la nueva Constitución atenta contra la democracia participativa.
Subrayó que la propuesta nace en el seno de un órgano con vicio de inconstitucionalidad. “La ANC es un tablero que está fuera del tablero de juego. Crean sus propias reglas y tiempos. Ellos, en sí mismos, en la práctica, están encarnando la Constitución”.
Criticó que en los planteamientos anunciados por Escarrá se evalúe hacer más rígidas las sanciones para delitos que forman parte de la materia penal.
“La Constitución es para regular las reglas fundamentales del juego, los derechos y deberes de los ciudadanos, y la estructura macro del Poder Público. Los contenidos adicionales lo que hacen es inflarla de normas inferiores para bautizarlas con la demagogia constitucional”, dijo Del Pino.
Propuestas en marcha
Hasta ahora lo que se conoce de la propuesta de la nueva Constitución ha sido lo difundido por Hermánn Escarrá, quien preside la Comisión Constitucional de la ANC. El fin de semana, el jurista ratificó que 80% de los equipos de trabajo consignaron sus planteamientos. Indicó en entrevista a EFE que se calcula que el informe de cuatro comisiones termine durante este trimestre. Con esto, dijo, la discusión de los artículos podría comenzar a finales de 2018 o inicios de 2019.
Según el constituyente no se instaurará un Estado comunal en el país. “Es el desarrollo de las comunas sin que ello afecte el concepto general del Estado. Venezuela se constituye en un Estado social, de derecho y de justicia”.
José Ignacio Hernández, constitucionalista, escribió en su cuenta de Twitter, @ighernández, que en el proyecto anunciado “se establece el delito de traición a la patria frente a todo aquel que se oponga al régimen. Es la constitucionalización de la dictadura”.