«El juego ha pasado a otro nivel», resume Félix Seijas, director de la consultora de opinión Delphos, tras unas horas vertiginosas en un país que habitualmente corre a toda velocidad. Una estrategia «muy sofisticada» pero «no democrática», como apostilla Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
Nicolás Maduro llevaba escondido un retorcido as en su manga revolucionaria, que ya sobre la mesa amenaza con cambiar drásticamente las reglas del juego, pese a que sólo han trascurrido 18 años desde la aprobación de la Constitución bolivariana.
La Carta Magna de Hugo Chávez, su «niña bonita», dispone que el presidente, la Asamblea Nacional (con mayoría de dos tercios) los cabildos municipales (con mayoría de dos tercios) y el 15% de los electores son los únicos que pueden proponer la «iniciativa de convocatoria» de la Asamblea Nacional Constituyente. Su objetivo: «Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución».
Según juristas y expertos, incluida la cátedra de Derecho Constitucional de la mayor universidad pública, para confirmarse esa convocatoria es ineludible la realización de un referéndum, algo que Maduro olvidó, conocedor de su debilidad en las urnas. Las encuestas confirman lo que se palpa en la calle, tanto en las concentraciones (famélica la oficialista del lunes pese a los efectos especiales aplicados en los canales públicos) como en el día a día: el chavismo sólo cuenta con el 32% de los posibles votantes, frente a 68% que desea el cambio.
La tradición política en casi todo el planeta marca que las nuevas constituciones nacen con un cambio de régimen, tras una gran ruptura histórica (como con la llegada de Chávez al poder, en 1999), o cuando una inmensa mayoría exige un cambio. Ninguna de esas condiciones se cumple, ni de cerca, en la Venezuela de Maduro.
Lo que pretende es «anular definitivamente la Asamblea Nacional e impedir las elecciones sólo por el hecho de que las perderá; es un intento, en fin, de imponer sobre suelo venezolano el orden político vigente en Cuba, en Siria y en Corea del Norte», resume el politólogo Fernando Mires.
¿Cómo se elegirían a esos constituyentes? Es, sin duda, la clave del juego. Maduro adelantó que la elección de los 500 constituyentes, número que él mismo determinó, será a través de unas votaciones dirigidas a su antojo: una mitad entre gremios, obreros y movimientos sociales y otra mitad por unas circunscripciones territoriales a su medida, con especial influencia de las comunas, organismos dirigidos por militantes chavistas. Algo que de nuevo vulnera la Constitución, que sólo acepta elecciones libres y universales. «Constituyente de segundo grado por sectores que eligen voceros, semejante al modelo de los sóviets de la extinta URSS», denunció ayer la Asamblea Nacional. Varios líderes opositores mantienen que el chavismo elegirá 250 constituyentes y que los otros saldrían de las circunscripciones municipales
«La Constituyente que propone Maduro es corporativa, no democrática, más cercana al Parlamento fascista que a una democracia participativa», dice el analista Ángel Álvarez. Algo parecido declaró el diputado José Guerra, que se atrevió a comparar a Maduro con el fascista italiano Benito Mussolini. El jefe del Estado reaccionó iracundo, amenazando una vez más con la cárcel para el legislador.
Mientras tanto, el proceso ya está en marcha. El ex vicepresidente Elías Jaua, que preside la comisión para la Constituyente, señaló ayer que será la propia asamblea popular «ya instalada» la que decida el destino del Parlamento, porque es «supraconstitucional, originaria y todos los poderes del Estado quedan subordinados, no se podrán oponer a las decisiones de la Asamblea» elegida bajo manual chavista.
El futuro de Luisa Ortega, la fiscal general, correrá la misma suerte que la del Parlamento: los constituyentes chavistas decidirán al respecto. De momento, la rebelión de la fiscal, que denunció la «ruptura del orden constitucional», es uno de los motivos que han llevado a Maduro a romper el tablero político. Así lo reconoció el propio Jaua, que subrayó las «contradicciones» entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo.
Las elecciones también están en el aire, con tres procesos congelados: regionales, referéndum revocatorio y las parlamentarias de Amazonas (el Tribunal Supremo anuló la asunción de tres legisladores para que la oposición no llegara a los dos tercios en la AN, la mayoría calificada). «Es muy probable que se desechen las regionales y las presidenciales de 2018», adelantó León.