Ramón Santos, embajador de España en Venezuela, aseguró que su país confía en que se reanude la negociación entre la oposición democrática y el gobierno de Nicolás Maduro. El proceso está congelado porque el chavismo alega que la Plataforma Unitaria no está cumpliendo con el acuerdo firmado en meses pasados en México, que contempla la liberación de 3 millardos de dólares para la atención de áreas sociales en el país.
“España confía en que se reanude el diálogo a la brevedad posible. El diálogo es la única salida que concebimos, que consideramos, a la luz de la situación actual”, manifestó el diplomático en un acto de entrega de nacionalidades españolas a un grupo de venezolanos que resultaron beneficiados por la Ley de Memoria Histórica y Democrática.
Santos afirmó asimismo, en declaraciones a la prensa, que la Comisión Nacional de Primaria no ha contactado a su país para que participe como veedor del proceso de elección interno de la oposición, fijado para el 22 de octubre.
“La veeduría en las primarias es un tema que, en principio, no hay costumbre de hacerla; no es un tema que por el momento hayamos considerado. Entiendo que tampoco se nos ha solicitado, pero creo que es una cuestión de organización interna de la oposición en Venezuela que seguimos con mucha atención, que nos parece que es un paso adelante hacia el espacio político”, manifestó.
Maduro tiene dudas
Nicolás Maduro puso en duda el miércoles la vuelta al diálogo por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de la oposición para la negociación.
“Si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, que se firmó con garantes internacionales, con veedores internacionales, ¿qué garantías, qué certeza, qué motivación puede tener el gobierno revolucionario para volver a sentarse en una mesa con ese sector? Ninguna”, dijo durante el programa Con el mazo dando.
El oficialista acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra al supuestamente no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre por ambas partes.
“Es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones que no lo cumplen, no lo reconocen”, opinó.