Carlos Correa, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Espacio público, aseguró que el problema de la ley contra el odio es que no presenta una explicación.
“Es una definicion vaga, genérica, e imprecisa de odio, lo que hace que cualquier persona pueda ser sancionada bajo el parámetro de esta ley. Son sanciones muy duras, brutales algunas de ellas”, dijo en entrevista a Unión Radio.
Explicó a modo de ejemplo que la pena de un homicidio en la legislación venezolana es de 15 años, mientras que, una pena de privativa contra la expresión propuesta por ley contra el odio se estima de 10 a 20 años.
¿Cómo es posible que expresarse con odio va a ser peor que un homicidio?, es un despropósito. No es sostentable en terminos jurídicos”, cuestionó.
Reiteró que esta ley aprobada por la asamblea nacional constituyente (ANC) no es una norma, debido a que no está facultada para hacerlas. “La Constitución dice que las leyes las hace la Asamblea Nacional”, dijo.
Correa reveló que, de acuerdo a los datos de la ANC con respecto a la partipación de los parlamentarios en las sesiones de la AN, no alcanza el 14% de debate.
“Hablamos de una ley que no castiga la discriminación, castiga las expresiones de ese tipo. Su propósito es generar inhibición”, indicó.
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