El gobierno y la oposición se acercan a la nueva ronda de conversaciones que debe arrancar el próximo miércoles en República Dominicana entre críticas de la sociedad civil a la falta de transparencia del proceso y dudas de los opositores de Nicolás Maduro ante las intenciones oficialistas.
Dos días después de que se anunciara el diálogo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) declaró el proceso «en suspenso» al no haber recibido respuesta por parte de los representantes de gobierno sobre la presencia en las conversaciones de varios cancilleres latinoamericanos que la oposición exige como supervisores.
Los ministros de exteriores que, según la MUD, deben ser «garantes del cumplimiento de los acuerdos son los de: México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, según un comunicado de una coalición opositora.
La formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que permita la celebración de unas elecciones presidenciales justas y con garantías al término del mandato de Maduro en 2018 es el objetivo prioritario de la MUD en las conversaciones, en las que pedirá también la liberación de presos políticos.
También solicitarán que el gobierno acepte la apertura de un canal humanitario para aliviar la crisis que vive el país es otra de las demandas de la oposición, que pedirá también la libertad de los más de 350 presos políticos que de acuerdo con la organización pro derechos humanos Foro Penal hay en el país.
«La intención del régimen es que se reconozca explícitamente una deuda contraída ilegalmente y usada para fines diferentes al interés nacional, sin el compromiso de un cambio de política económica», advierten desde la plataforma Soy Venezuela, que rechaza cualquier diálogo sin la liberación previa de los presos políticos.
Este grupo creado en septiembre aspira a aglutinar a los venezolanos contrarios al chavismo y decepcionados con el camino tomado por la actual dirección de la MUD.
La ex diputada María Corina Machado; el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y el ex diplomático Diego Arria son las figuras públicas de Soy Venezuela con mayor relieve.
El gobierno venezolano no presenta sus presupuestos o leyes de endeudamiento ante el Parlamento desde la victoria opositora en las legislativas de diciembre de 2015, pese a que la Constitución exige el aval de la Asamblea Nacional para dar validez a estas decisiones económicas.
Esta circunstancia ha llevado a numerosos inversores extranjeros a no otorgar nuevos financiamientos al gobierno venezolano y a su empresa petrolera estatal, Pdvsa.
Las dificultades de acceso a dinero fresco para el Estado venezolano se acrecentaron en agosto de este año con las sanciones dictadas por Estados Unidos, que prohíben a empresas y ciudadanos que operan en ese país negociar con deuda nueva del gobierno venezolano y de Pdvsa.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense informó esta semana que estudiará permitir nuevas negociaciones con deuda venezolana si esta está aprobada por el Parlamento. Esta directiva del Tesoro fue emitida horas después de que la MUD y el gobierno anunciaran la nueva tanda de negociaciones.
Sobre la falta de transparencia del proceso que debe comenzar el 15 de noviembre se ha pronunciado este sábado el Foro Penal, que representa a los más de 350 presos políticos que según las cifras de esta ONG hay actualmente en Venezuela.
En un comunicado, la organización criticó que se entable esta negociación sin consulta y que no estén representadas en ella familiares de víctimas o personas capacitadas para hablar de los presos políticos.
«No se puede seguir utilizando a los presos políticos como fichas de negociación. Estadísticamente está comprobado que cada vez que hay diálogo liberan a unos y meten presos a otros, efecto puerta giratoria, eso no puede ser así», dijo el directivo del Foro Penal Gonzalo Himiob.
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