Después de que se conoció la decisión de la Contraloría General de Venezuela que inhabilitó por 15 años a la líder opositora María Corina Machado – quien además lideraba las encuestas para ser la candidata de la oposición – el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter: “Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”.
Su posición al respecto era clave, pues el presidente —quien se ha reunido en más de una oportunidad con Nicolás Maduro— también ha intentado acercarse a la oposición venezolana en medio de su propósito para que Colombia sea mediador en el proceso para destrabar los diálogos entre ese sector y el chavismo.
Reunión entre Petro y la oposición venezolana, en la hacienda Hatogrande. Foto: Presidencia de Colombia
El mandatario venezolano incluso ha señalado que Petro se había convertido “en el garante” de los diálogos en su país. Aunque ese proceso, en la práctica, no ha tenido muchos resultados.
Los mandatarios de Colombia y Venezuela en Caracas. Foto: Presidencia de la República
El respaldo que Petro mostró frente a Machado, quien ha sido una de sus críticas, para analistas consultados por este diario, es coherente.
Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señala que esta respuesta del Presidente evidencia que está poniendo por encima “un tema que a él le interesa personalmente” ya que, según el docente, Petro se ha apersonado de esta discusión para que organismos administrativos no sancionen a quienes han sido elegidos en las urnas, como le pasó a él cuando fue alcalde de Bogotá y fue suspendido por la Procuraduría.
“Sí lanzó una crítica muy fuerte hacia el régimen, pero no es porque esté en contra de este, sino porque tiene una prioridad interna de su lucha frente a ese tema”, asegura Bitar.
Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, coincide en que la respuesta de Petro fue acertada.
“Un demócrata que defienda el Estado de derecho, y que además pretenda ejercer un liderazgo en la región, debe estar del lado de la democracia y eso incluye las garantías a la oposición. La decisión de inhabilitar a Machado vulnera dichas garantías”, expone.
Ahora bien, Garzón señala que con la respuesta de Petro puede darse el escenario en el cual el oficialismo lo tilde de tomar partido a favor de la oposición.
Pese a esto, dice el docente, “sentar una posición clara, más allá de lesionar el rol que tiene Colombia en este proceso que no ha tenido avances, le permite al gobierno mostrarse como uno que no necesariamente está tomando partido (allá), sino partido a favor de la democracia”.
Ambos analistas advierten que si bien puede haber un rechazo por parte del chavismo, en la práctica el intento de Colombia por destrabar los diálogos no ha tenido resultados significativos.
Garzón añade, finalmente, que “ningún proceso de esta naturaleza va a avanzar si una de las partes no está del lado de las garantías a la oposición y del funcionamiento de la democracia”.