Venezuela sumó en agosto 229 protestas callejeras a favor del líder opositor Edmundo González Urrutia, según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicado este lunes.
«Los picos de manifestaciones ocurrieron el 3, 17 y 28 de agosto (…), exigiendo transparencia electoral y el reconocimiento del candidato Edmundo González como legítimo ganador de las presidenciales (del pasado 28 de julio)», dice el reporte.
El «detonante» de estas acciones, subraya la organización no gubernamental, «fue el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró a (el presidente desde 2013) Nicolás Maduro como vencedor de los comicios».
«La respuesta gubernamental (a las protestas) se reflejó en las calles, mediante una fuerte presencia policial, militar e incluso de civiles armados, especialmente en aquellos puntos de concentración anunciados por el sector opositor, lo que se interpreta como claro patrón de amedrentamiento y represión que busca acallar la voz de la protesta», prosigue el escrito.
Asimismo, el OVCS documentó «115 manifestaciones en todo el país» -en las que participaron «mayoritariamente trabajadores de instituciones públicas e integrantes del (partido gobernante) PSUV- exigiendo el reconocimiento de la reelección» de Nicolás Maduro, que ha sido cuestionada por numerosos países.
Mientras tanto, al menos 22 protestas convocadas o promovidas por la PUD fueron «reprimidas» en 9 de los 23 estados del país.
Sobre el total general, la ONG computó 413 protestas en agosto, de las cuales, 9 de cada 10 estuvieron relacionadas con la defensa de derechos civiles y políticos, mientras que cerca de 50 manifestaciones se debieron a temas recurrentes en el país, como los fallos en los servicios públicos o los bajos salarios y pensiones.
«Los venezolanos continúan manifestando y exigiendo respuestas sobre los resultados de las elecciones presidenciales (…) La persecución contra dirigentes opositores, manifestantes, activistas sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y observadores electorales, sumada a la censura digital, creó un ambiente de temor generalizado», añadió el informe.