En su reciente informe de monitoreo de violencia de género, la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) instó al gobierno venezolano a crear espacios de abrigo y capacitar a operadores de justicia en derechos humanos, así como a adoptar políticas de cero tolerancia en instituciones ante cualquier vulneración a niñas, adolescentes y mujeres.
Según el monitoreo realizado en el período de septiembre de 2021 y abril de 2022, Codehciu contabilizó 260 manifestaciones de violencia de género en siete municipios de Bolívar.
Caroní registró el índice mayor con unas 132 víctimas. Angostura del Orinoco se encuentra en segundo lugar con 103, mientras que Gran Sabana tiene 10, posicionándose en el tercer lugar.
Datos de violencia de género
La ONG recabó datos gracias al monitoreo a medios de comunicación, así como a las redes sociales y los casos presentados en las oficinas de Codehciu.
De igual forma, la alerta se presentó tras encontrar un drástico aumento en los casos de violencia contra la mujer, específicamente en los primeros cuatro meses de este año.
Al menos 80 mujeres, niñas y adolescentes se convirtieron en víctimas de agresión física, muchas de ellas con graves lesiones y hematomas en el rostro por golpes y objetos punzo penetrantes.
Violencia psicológica, una de las más frecuente
En el informe se evidenció que «la violencia psicológica fue una de las más frecuentes». Aunque alertó sobre 40 víctimas de violencia sexual, 10 de ellas niñas y adolescentes de edades entre 1 y 14 años, en el estado Bolívar. Así como 5 femicidios entre septiembre 2021 y abril 2022.
Uno de los casos presentado en el informe, es el de Karla Rivero, de 21 años de edad, asesinada por su pareja en septiembre del año pasado frente a familiares.
Ese mismo mes, fue hallada en un bolso la cabeza de Jersis Fernández, de 25 años. Un asesinato a manos de una banda delictiva. Fernández dejó tres hijos.
Otras víctimas fueron Yris del Carmen Lee Tang, de 55 años, Aixa Castellanos Baraja, de 57, y Vanessa Pérez, de 31 años.
Casos en Monagas
En el mismo período, en Monagas se contaron 24 víctimas de 32 actos de violencia de género, mayormente de agresión física (14). Asimismo, Codehciu registró 3 feminicidios en este estado.
Uno de los casos es el de Laura Rodríguez, de 14 años de edad, a quien un vecino le disparó en el rostro. Según el informe de la ONG, “el cuerpo de otra adolescente de 15 años fue encontrado en aguas del río Morichal el 14 de septiembre de 2021. La joven fue violada por Robert Alexander Aragol. Quien junto a la hermana mayor de la víctima la estranguló, violó y tiró su cuerpo al río para fingir un ahogamiento por accidente”.
Inés María Tocuyo, asesinada por un hombre con arma de fuego mientras que ella tenía en brazos a su bebé, es el tercer caso de femicidio.
Violencia de género en Delta Amacuro
Durante 8 meses, Codehciu evidenció 14 víctimas de 19 agresiones por su género en parroquias de Delta Amacuro como José Vidal Marcano, San Rafael y Monseñor Argimiro García de Espinoza, en Tucupita.
Irma García, una indígena warao de 37 años de edad fue uno de los casos que recogió la organización en su informe. El cuerpo de la mujer fue hallado con signos de abuso sexual.
Ante la problemática social y las alarmantes cifras, la ONG hizo recomendaciones al Estado para emprender acciones sobre estos casos:
- Investigar las causas estructurales que llevan a niñas, adolescentes y mujeres a ejercer la prostitución, el sexo por supervivencia o el sexo transaccional.
- Identificar las vulnerabilidades que hacen propensas a niñas, adolescentes y mujeres a ser víctimas de redes de trata interna y externa.
- Proporcionar asistencia jurídica y psicológica gratuita a las niñas y mujeres víctimas de la trata y crear albergues especiales para ellas.
- Incluir debidamente en los programas de estudio una perspectiva de género.
- Intensificar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna.
- Modificar su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto. Eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica y garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo.