El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mostró este jueves preocupación por el «traslado de los presos políticos» desde sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo, y pidió que se garantice su integridad física, mental y sus derechos debido a que «no deberían estar tras las rejas».
«El traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud y ni siquiera del derecho a la vida», manifestó la organización en un comunicado.
Para la organización, «ningún preso político debe estar tras las rejas; todo aquel que se encuentre privado de su libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con órdenes inconstitucionales, debe estar en libertad».
Los presos políticos que trasladaron
Según denunció la oposición, algunos de los trasladados son Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.
También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos, y otros cuatro más, cuyas identidades no fueron brindadas.
En ese sentido, la diputada a la Asamblea Nacional de 2015 Delsa Solórzano llevará ante organismos internacionales las denuncias que, aseguró, está recibiendo sobre el traslado de esos presos políticos, que podrían correr grave peligro en las prisiones comunes venezolanas, consideradas entre las más peligrosas del mundo.
«Hemos podido corroborar el traslado a Yare II, Yare III y Rodeo II de 17 prisioneros de conciencia», dijo en Twitter.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, aseguró que en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas con la política.