Penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia: nuevas leyes que blindan a Nicolás Maduro se complementan ahora con su propuesta de reformar la Constitución, avivando el temor de activistas de una «nicaragüización» de Venezuela.
«Una gran reforma» para «embellecer» la Constitución fue la bandera de Maduro al «juramentarse» el viernes para un tercer mandato (2025-2031), calificado como la «consumación de un golpe de Estado» por la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y reivindica una victoria del exiliado Edmundo González Urrutia.
«Maduro quiso hacer unas elecciones al estilo Hugo Chávez, en las que se daba un baño de pueblo» y «como no le resultó la fórmula de Hugo Chávez, optó por el modelo de Daniel Ortega, que es robarse una elección y perseguir a todos los opositores», dijo a la AFP Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, su «copresidenta», impulsaron en 2024 una reforma constitucional que les dio control absoluto de los poderes del Estado en Nicaragua, donde cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, en tanto a muchos, incluso, se les quitó la nacionalidad, como el caso de McFields.
«¡Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario Nicolás Maduro Moros, y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar!», exclamó Ortega desde una tarima donde acompañó al mandatario venezolano a celebrar su juramentación.
«Pavimentando el camino»
Aunque no se sabe qué artículos de la Constitución planteará cambiar la reforma de Maduro, el gobernante izquierdista ha adelantado que el objetivo es reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de votantes.
Lleva meses aprobando recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, lo que la oposición ve como una forma de restar poder a funcionarios electos como gobernadores y alcaldes.
El Parlamento, controlado por el partido de gobierno, ha aprobado leyes que activistas consideran que violan derechos fundamentales.
«Lamentablemente estamos aquí pavimentando el camino para una nicaragüización de Venezuela», comentó Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en un encuentro con corresponsales internacionales.
Ya el gobierno de Maduro ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) lo investiga por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, Daniels sostiene que el nuevo paquete de leyes impuestas en Venezuela «agravará aún más» la situación para opositores y cerrará los espacios que mantiene a duras penas la sociedad civil.
El paquete de leyes vino después de que estallaran protestas contra su reelección, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Maduro responsabilizó a la oposición por los fallecidos y denunció un complot liderado por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su gobierno.
«Ambigüedad»
La Asamblea Nacional, en manos del oficialismo, aprobó en noviembre una ley que castiga con pena de 25 a 30 años de prisión a «toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe» en la adopción de sanciones internacionales.
La legislación contempla juicios en ausencia, lo que Daniels destaca que está prohibido por la Constitución, y establece inhabilitaciones.
«Es muy clara y contundente sobre las sanciones, no hay ninguna duda, pero es muy vaga para definir qué es lo que va a castigar», sostiene Daniels al cuestionar la ambigüedad de la ley.
«Por ejemplo, considera sancionable la participación indirecta en medidas coercitivas, pero ¿qué es la participación indirecta? No lo define (…). Se da al sistema un enorme poder discrecional. Un funcionario te puede aplastar con un dedo», subraya.
El espacio para la discrecionalidad es una crítica habitual en otras legislaciones promovidas por el chavismo.
En agosto, el Parlamento aprobó una ley para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales, que las obliga a declarar fuentes de financiamiento, en especial si vienen del extranjero. «Formaliza la persecución a organizaciones de la sociedad civil», criticó Oscar Murillo, coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA.
Está en agenda aprobar una ‘ley contra el fascismo’, término que el chavismo usa para referirse a opositores, que propone la ilegalización de partidos políticos que promuevan «actividades fascistas».
«Todos estamos en contra del fascismo, el problema es que el gobierno suele calificar de ‘fascista’ cualquier acto de la oposición», alerta Daniels.
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