Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, cuestionó que José María Álvarez-Pallete, presidente de la compañía de telecomunicaciones española Telefónica, no dé la cara ni respuestas a los venezolanos por el bloqueo ilegal a las páginas digitales de los medios de comunicación, en contribución con la censura y el blackout informativo que el régimen de Nicolás Maduro pretende consolidar en Venezuela.
“Quiero preguntarle a su presidente si está consciente de que su discurso democratizador, de apertura de las redes y de acceso a Internet tiene algo que ver con lo que hace en Venezuela con Telefónica. ¿Por qué no da la cara, por qué no le contesta a los venezolanos y a las organizaciones? ¿Por qué Telefónica hace lo que hace sin que haya ninguna respuesta?”, preguntó el periodista.
Otero también cuestionó si los accionistas de Telefónica están de acuerdo con que la subsidiaria Movistar apague la libertad de expresión en Venezuela y atente contra la propiedad privada, los usuarios de Internet y los venezolanos. “Este atropello no puede quedar impune, Pallete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión”, afirmó.
Atropellos inimaginables
Manifestó que la prensa ha sufrido atropellos inimaginables por parte del régimen de Maduro para hacerla desaparecer. Y recordó que a los medios impresos se les quitó el suministro de papel —lo que generó que en su gran mayoría salieran de circulación— se les ha acosado, perseguido y se han utilizado todos los tribunales y mecanismos judiciales contra los periodistas.
“Nos arrebataron nuestras instalaciones y ‘la guinda de la torta’ es que nos bloquean nuestra página web. En Venezuela, Telefónica es el proveedor de internet más importante, y telefónica en contubernio con el gobierno, en combinación con la dictadura de Maduro bloquea la página web de El Nacional y todas las páginas web del periodismo independiente en Venezuela”, dijo.
Bloqueo ilegal de páginas web
Movistar viola la libertad de expresión al mantener bloqueadas, y sin ningún tipo de respaldo jurídico, páginas web de medios de comunicación, nacionales e internacionales, que adversan y confrontan al régimen de Maduro. “Está haciendo una operación de bloqueo que no tiene ningún respaldo jurídico y que está violando la libertad de expresión, que es un derecho humano básico que deben cumplir todas las empresas europeas”, denunció recientemente el presidente editor de El Nacional.
Explicó que, para que la compañía pueda restringir el acceso a una página con dominio .com, debe ocurrir un proceso judicial en el país donde está registrado. En el caso de El Nacional en Estados Unidos, donde un juez federal debe evaluar el caso y decidir si se procede o no al bloqueo.
Otero afirmó que no hay motivos para bloquear las páginas más allá de una orden emanada por el gobierno de Nicolás Maduro a Telefónica y a la estatal Cantv. “Es absolutamente irregular porque son páginas internacionales y la única manera de bloquearlas es con un juez federal donde están alojadas”, enfatizó.
Escozor en Diosdado Cabello
El bloqueo a la página de El Nacional se ejecutó el 11 de febrero, desde las operadoras públicas y privadas, pocos días después de que Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo una amenaza pública contra este diario.
En el oficialista generó escozor una reseña publicada sobre la jueza Lisbeth Amoroso Hidrobo, quien está a cargo del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, quien ordenó el 27 de enero pasado el remate judicial, irregular y clandestino, del edificio de periódico.
Captura de pantalla
“Me provoca ir por la página, porque me debes. Con el valor de El Nacional no me pagaste. Creo que ahora voy por la página”, advirtió Cabello durante su programa Con el mazo dando, que transmite el canal chavista Venezolana de Televisión, en un mensaje dirigido a Otero.
Adjudicación repleta de irregularidades
El Nacional había denunciado que la jueza, hermana del contralor general chavista Elvis Amoroso Hidrobo, le adjudicó directamente a Cabello su sede y los lotes de terreno sobre los que se encuentra construida. Esto ocurrió sin publicarse, como corresponde, los carteles de remate en los que debe informarse el día, la hora y el monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas.
El proceso se hizo a espaldas de El Nacional y su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo, solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto.