Nicolás Maduro se comprometió este jueves a construir 120 viviendas en el Esequibo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana y pendiente del dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que media en la controversia.
Según anunció el mandatario a través del canal de televisión estatal VTV, se construirán «120 nuevas viviendas en San Martin de Turumbang, al borde del Río Cuyuní, para el pueblo esequibano-venezolano, su vivienda digna. Llega la Gran Misión Vivienda a la Guayana Esequiba» -.
Venezuela realizó el pasado domingo un referendo en el que, según datos oficiales, más del 90 % de los votantes apoyaron la anexión del Esequibo al país, por lo que el gobierno decidió tomar acciones en función del «mandato popular», y comenzar con las labores administrativas para anexionarse el territorio y convertirlo en un estado venezolano.
La región estará regida, en remoto, desde la localidad venezolana de Tumeremo, en el estado Bolívar, por un gobernador designado por el jefe de Estado hasta que se celebren elecciones en la zona y contará con representación legislativa regional y nacional, condicionada por el estatus actual de la disputa, con Georgetown controlando el territorio.
El territorio en litigio, al que Maduro -que no precisó cuándo piensa construir las viviendas- llama «estado venezolano Guayana Esequiba», prevé también otorgar «de inmediato» licencias para la explotación petrolera, una actividad que ya desarrolla Guyana.
Las acciones de Venezuela fueron criticadas por diversos líderes opositores nacionales, así como por organizaciones no gubernamentales y otros sectores sociales que, si bien consideran que el Esequibo es del país, apuestan por la CIJ para resolver la controversia, organismo que el chavismo desestima.
Además, los países suramericanos instaron a Venezuela y Guyana a evitar «acciones unilaterales», en medio de la creciente tensión entre ambas naciones por el Esequibo, según recogieron en una declaración divulgada al final de la cumbre semestral del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay), celebrada en Río de Janeiro, que también fue suscrita por Chile, Colombia, Ecuador y Perú.